Los días de baja por enfermedad durante las vacaciones podrán recuperarse

extraido de empleo.elpais.com

El Tribunal Europeo da la razón a los sindicatos en el pleito que mantienen con los grandes almacenes

Manuel V. Gómez

Cuando un trabajador estando de vacaciones caiga enfermo o se rompa un brazo, podrá interrumpirlas y disfrutarlas después. Bastará con que lo solicite a su empresa y lleve el parte de baja correspondiente, según una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Un trabajador cuya incapacidad laboral haya sobrevenido durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene derecho a disfrutar posteriormente de un período de vacaciones de duración equivalente al de su enfermedad", dice el Tribunal en un comunicado que comenta la sentencia.
"El derecho de vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social de la Unión Europea de especial importancia", continúa el Tribunal, que basa su sentencia en una directiva comunitaria de 2003 ratificada por el Parlamento y el Consejo Europeo.
Hasta ahora, la legislación española y la jurisprudencia reconocía a los trabajadores que estaban de baja la posibilidad de recuperar las vacaciones si estaban de baja con anterioridad. Ese es el caso de las bajas por maternidad, recogido expresamente en el Estatuto de los Trabajadores. En cambio, este derecho no está reconocido cuando la incapacidad temporal llegaba durante las vacaciones.

La sentencia del Tribunal

La sentencia del Tribunal europeo resuelve la disputa que mantenían la patronal de grandes almacenes (Anged) y los sindicatos del sector. El conflicto comenzó cuando los representantes de los trabajadores acudieron a la Audiencia Nacional reclamando que las bajas no contaran como periodo vacacional. Anged, por su parte, negaba este derecho, excepto en los casos recogidos expresamente en la ley (embarazo).
La Audiencia falló a favor de los sindicatos y la patronal recurrió al Supremo, que, a su vez elevó una cuestión al Tribunal europeo preguntando si la legislación española contradecía a la europea. La respuesta del Tribunal de Luxemburgo ha sido que sí. Y aclara, citando una sentencia previa, que "el derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede ser interpretado de manera restrictiva".
"Sería aleatorio y contrario a la finalidad del derecho a las vacaciones anuales retribuidas conceder ese derecho únicamente al trabajador únicamente a condición de que este ya se encuentre en situación de incapacidad temporal cuando se inicie el periodo de vacaciones anuales retribuidas", aclara. Una vez emitida la respuesta desde Luxemburgo, ahora el Supremo tiene que resolver el conflicto en el sentido que indica la institución europea.

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 Empleo ingresará 350 millones por las prejubilaciones de firmas con beneficios

El Gobierno redacta el reglamento para que las empresas paguen el paro

Manuel V. Gómez
 
Poner coto a las prejubilaciones encareciéndolas proporcionará más de 350 millones de euros al año a las arcas públicas. Eso es lo que ha calculado el Ministerio de Empleo en el reglamento que ha preparado para que las empresas con beneficios que despidan a trabajadores de 50 o más años paguen el paro y las cotizaciones sociales de los afectados.
En julio del año pasado, aprovechando el trámite parlamentario de la reforma de pensiones, el entonces Ministerio de Trabajo, ahora de Empleo, aprobó una enmienda que obligaba a las empresas o grupos de empresas con ganancias que lleven adelante un despido colectivo que incluya prejubilaciones (despidos de trabajadores de 50 años o más) a que costeen el seguro de desempleo, las cotizaciones sociales y un canon adicional por los potenciales subsidios que el afectado puede cobrar por la dificultad de que alguien de avanzada edad pueda volver a encontrar trabajo. Sin embargo, ni los Gobiernos del PSOE ni el del PP habían desarrollado el reglamento preceptivo para que las compañías supieran cuánto y cómo pagar. Así que todavía no ha producido pago alguno por este concepto.
Al aplicarse este año, el Tesoro ingresaría también el dinero de 2011
El departamento que dirige Fátima Báñez ya ha redactado el reglamento, al que ha tenido acceso este diario, y se lo ha remitido a los sindicatos y los empresarios. En él, se incluye una memoria económica que, basándose en los datos de despidos colectivos de 2011, calcula que cada prejubilado supone un coste total de 101.422 euros para el Servicio Público de Empleo Estatal. El mismo documento especifica que el año pasado hubo 10.900 mayores de 50 años afectados por expedientes de regulación. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las empresas ganaban dinero ni todas tienen que pagar el 100% de esta cantidad, ya que varían según el tamaño de la firma, el número de prejubilados y los beneficios.
Aplicadas todas las variables, Empleo concluye que cuando entre el vigor el reglamento puede ingresar más de 350 millones de euros al año. Si esto sucediera este año, sería un alivio para unas arcas maltrechas, ya que el Tesoro no solo ingresaría el dinero de 2012 si no también el de 2011.
Con este reglamento, igual que con la enmienda a la reforma pensiones y la vuelta de tuerca que el actual Gobierno le dio en la reforma laboral, el Gobierno persigue poner trabas a las prejubilaciones. Cuando los mayores de 50 años pierden su empleo es muy difícil que vuelvan a encontrar, mucho más en medio de una recesión como la actual. Además, las prejubilaciones masivas, que habitualmente van asociadas a los despidos colectivos, van contra el objetivo de aumentar la edad real de jubilación, ya que cuando alguien en los últimos años de su vida laboral está en paro suele retirarse anticipadamente.
En este momento, muchas empresas están pendientes de la aprobación de este reglamento como de la redacción definitiva de la reforma laboral (que aumento el número de empresas afectadas al rebajar el listón de firmas de más de 500 trabajadores a firmas de más de 100). Esto se puede ver con claridad en el sector financiero. Hay pocos conocedores de esta industria que no pronostiquen una nueva oleada de cierres de oficinas y despidos colectivos en los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros.

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