Os dejamos una serie de noticias interesantes,extraidas de la web del El Pais
extret de empleo.elpais.com
Evitar el fraude a empleo desde el extranjero
El Gobierno de nuestro país se plantea introducir una innovadora medida para vigilar el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo; a través de unos controles de salida.
Desde el Ejecutivo se afirma que han detectado un incremento de personas que cobran el paro y residen fuera de España. Por este motivo, se revisarán los registros de salida y entrada con el pasaporte, como así consta en el plan integral contra el empleo irregular y el fraude laboral y de Seguridad Social, detallado en el Programa Nacional de Reformas, remitido desde Bruselas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), obligará a los desempleados a presentarse en sus oficinas "en días y horas" determinados, y controlar así los posibles fraudes. Especialmente en el caso en el que el beneficiario reciba el cobro pero resida en el extranjero, se contempla la extinción de la prestación.
El documento elaborado por el Gobierno, se refiere a esta medida como "controles intensivos" y asegura que su objetivo es "apreciar situaciones irregulares que se detectan cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora".
Por otra parte, se acordará el cruce de datos con la Agencia Tributaria, para comprobar los complementos a pensionista y los subsidios por cargas familiares. Del mismo modo, se controlarán las altas en el sistema espacial de trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario, cuyas incidencias llegaron a superar el 30% en 2010.
Además, este plan incluye sesiones informativas para formar a desempleados en materia de derechos y obligaciones. En este sentido, el Gobierno prevé potenciar la acción de promotores y orientadores, para que los perceptores de prestaciones por desempleo sean "conscientes" de que su retribución "no es un derecho derivado de las cotizaciones realizadas, sino que exige una serie de obligaciones consecuentes con su disponibilidad para trabajar".
En este misma línea, el documento puntualiza que se "utilizarán" agencias privadas de colocación para realizar "actuaciones de activación" de los perceptores de prestaciones de paro, "obligando a las mismas a comunicar al Servicio Público con el que colaboren los incumplimientos que hayan detectado".
El gasto en desempleo se acelera y desborda las previsiones del Gobierno
Los dos peores años para las cuentas públicas españolas fueron 2009 y 2010. Eso se debió en gran medida a que hubo que desembolsar más de 30.000 millones ?el doble que en 2007? para pagar el paro de quienes, víctimas de la crisis, habían perdido su empleo.
El ejercicio pasado esta partida menguó ligeramente. Y a esto se ha agarrado el Gobierno para tratar de cuadrar las cuentas y cumplir con las exigencias de Bruselas (o Berlín) de llegar a un déficit del 5,3% del PIB este año. "Responde a la disminución del gasto en desempleo que ya se inició en 2011 y es coherente con ella", han justificado en la Secretaría de Estado de Presupuestos en alguna ocasión.
Cambio de tendencia
En apariencia, esta explicación es cierta, pero cuando se desciende al detalle comienza a hacer agua. La tendencia se invirtió justo hace un año. En abril de 2011, la caída del gasto respecto al mismo mes del año anterior fue del 10,9%. Después el porcentaje menguó paulatinamente hasta que en enero volvió a repuntar (0,52%), en febrero se aceleró al 3,4% y en marzo, último mes con datos, se ha acentuado la tendencia (4,1%).
El Gobierno también fía sus números a que los nuevos parados tienen menos derechos acumulados que quienes van a perder la prestación. Es decir, los que pierdan su empleo a partir de ahora cobrarán menos paro y durante menos tiempo.
Esta dinámica explica que en 2011 bajara el gasto respecto a 2010 (cuando se tocó techo con 32.200 millones) pese a que el número de parados no dejara de crecer año a año. Pero la vuelta de la recesión se está cobrando el empleo de trabajadores fijos. La última Encuesta de Población Activa cifraba en 138.400 empleos indefinidos. Y esto tiene una lectura muy negativa para las cuentas de los servicios públicos de empleo: los trabajadores fijos son los que tienen derecho a cobrar un paro más alto y durante más tiempo.
Prestaciones contributivas
Por si todo esto fuera poco, hay otro factor que ensombrece las cuentas del Ejecutivo: las solicitudes de altas en las prestaciones contributivas. Este es el mejor indicador adelantado de cómo va a evolucionar el gasto en protección por desempleo y en febrero y marzo creció por encima de los dos dígitos, un 18,1% y un 11,5%, respectivamente.
Este cúmulo de datos ?amén de los más de 630.000 empleos que el Ministerio de Economía vaticina que se destruirán hasta diciembre? resta credibilidad a los presupuestos de 2012 en la parte que atañe al gasto en protección frente al desempleo. Más todavía si se tiene en cuenta que las cuentas para este año se elaboraron entre enero y marzo y el Ejecutivo ya conocía gran parte de los datos expuestos.
Cuando se habla de contabilidad nacional, los números de los Servicios Públicos de Empleo Estatal son una de las tres partes con la que se elaboran las cuentas de la Seguridad Social, junto con el Fogasa y el sistema de pensiones. El Gobierno ha pronosticado que la Seguridad Social acabará este año con un 0% de déficit. Difícil. Muy difícil a tenor de la evolución de la protección por desempleo y del sistema de pensiones ?las previsiones del Gobierno son muy optimistas a tenor de lo visto hasta marzo?.
En este sentido, Moreta ha indicado que el ERE planteado supondría la suspensión temporal de los contratos de 4.863 trabajadores durante un máximo de 36 días por persona y empezaría a aplicarse a finales de mayo y hasta el 30 de septiembre. Los únicos trabajadores que se salvarían de la parada productiva serían los que están destinados en las actividades de Ingeniería Civil, Agrícola y el servicio de fabricación de membranas.
En el caso del País Vasco, la otra planta de Michelin que se vería afectada por el ERE sería la de Lasarte (Gipuzkoa), en la que el expediente se podría aplicar a unos 500 trabajadores de una plantilla de 600. Además, también se verían afectadas las plantas de Aranda (Burgos) y Valladolid. La dirección de Michelin y los sindicatos del comité se han citado a una próxima reunión el martes, día 8, para seguir hablando.
En abril de 2011, Telefónica anunció que pensaba despedir a 8.500 trabajadores en España aun teniendo beneficios. El Gobierno socialista reaccionó con esa medida y, aunque el ERE de la operadora quedó en 6.500 afectados y la compañía proclamó que asumiría el coste del desempleo (350 millones), el Ejecutivo no dio marcha atrás. El entonces llamado Ministerio de Trabajo usó el trámite de la reforma de pensiones para colar una enmienda ?conocida como enmienda Telefónica? que establecía que si las grandes empresas con ganancias despedían a más de 100 personas en "un periodo de referencia de tres años" pagarían el paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años prejubilados.
Báñez aprovechó la reforma laboral para hacer los deberes y fue más allá. En el decreto ley que ahora se tramita en el Congreso estableció que en ese "periodo de referencia" de tres años "también se incluirán las extinciones de contrato que se hayan producido en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo". Es decir, también se tendría que pagar por los prejubilados desde 2009 si se plantea un nuevo ERE teniendo beneficios.
La aclaración retroactiva no cayó bien a los agentes sociales, defensores de las prejubilaciones porque mitigan el impacto de los ERE, y disgustó a las grandes empresas, a las que les encarecía la factura de las próximas regulaciones. La presión de ambas partes, sobre todo, de las grandes multinacionales españolas agrupadas en torno al Consejo Empresarial para la Competitividad, ha provocado el cambio de actitud popular. El Gobierno y el PP no han sido las únicas ventanillas a la que se han dirigido. También lo han hecho a otros grupos parlamentarios, explica un diputado.
La enmienda popular que elimina la retroactividad, justificada como "mejora técnica", lo hace hasta el 27 de abril de 2011, fecha fijada en la reforma de pensiones. Los ERE presentados por posterioridad a esta fecha sí tendrán que asumir el coste.
Para hacerse a una idea de lo que supone el cambio, basta con mirar las cifras de despidos de las cajas de ahorros y los bancos que han surgido de su proceso de reestructuración en los últimos años. Un documento de Empleo de hace poco menos de un año calculaba en 13.000 los afectados por los ERE del sector (sin especificar cuantos eran prejubilados) y en 53.688 euros para las arcas públicas de cada uno de ellos en prestaciones y cuotas desde 2010.
En total, 700 millones de euros. Martín Godino, director de Sagardoy Abogados, el bufete laboral más activo en la reestructuración financiera, eleva el número a 15.000 empleados desde 2009, de ellos, casi el 90% serían mayores de 50 años, 13.000, y el coste de cada uno de ellos para las arcas públicas es de 50.000 euros.
Si la enmienda popular sale adelante, las cajas podrían ahorrar hasta unos 700 millones por los ya prejubilados si en las nuevas regulaciones de empleo que hagan despiden a empleados de más de 50 años, ya que todo el mecanismo se pone en marcha cuando el ERE afecta a trabajadores mayores de esa edad.
No obstante, hay que tener en cuenta que el deterioro del sector financiero mes a mes ha hecho que varias entidades que realizaron ERE en el pasado (CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia...) entren en pérdidas, por lo que ya no tendrían que pagar por las nuevas prejubilaciones. Así que la factura del sector financiero puede verse menguada por este lado. Las cajas no son las únicas afectadas por la retroactividad. En CC OO, creen que la medida, si no decae, puede repercutir en la mayoría de empresas del Ibex.
Para sindicatos y empresarios, la penalización introducida por el Gobierno de Rajoy a las prejubilaciones las hace inviables a partir de ahora. El prejubilado es un trabajador despedido, en los últimos años de su vida laboral, si bien suele obtener condiciones más ventajosas que en un despido convencional. Una vez pierde el empleo, el prejubilado, como el resto de los desempleados pasa a cobrar la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto suponía un abaratamiento del despido, pues las dos partes contaban con el seguro de desempleo en el cálculo de la indemnización.
Evitar el fraude a empleo desde el extranjero
El Gobierno se plantea crear controles para evitar cobrar el paro desde fuera de nuestras fronteras
El Gobierno de nuestro país se plantea introducir una innovadora medida para vigilar el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo; a través de unos controles de salida.
Desde el Ejecutivo se afirma que han detectado un incremento de personas que cobran el paro y residen fuera de España. Por este motivo, se revisarán los registros de salida y entrada con el pasaporte, como así consta en el plan integral contra el empleo irregular y el fraude laboral y de Seguridad Social, detallado en el Programa Nacional de Reformas, remitido desde Bruselas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), obligará a los desempleados a presentarse en sus oficinas "en días y horas" determinados, y controlar así los posibles fraudes. Especialmente en el caso en el que el beneficiario reciba el cobro pero resida en el extranjero, se contempla la extinción de la prestación.
El documento elaborado por el Gobierno, se refiere a esta medida como "controles intensivos" y asegura que su objetivo es "apreciar situaciones irregulares que se detectan cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora".
Por otra parte, se acordará el cruce de datos con la Agencia Tributaria, para comprobar los complementos a pensionista y los subsidios por cargas familiares. Del mismo modo, se controlarán las altas en el sistema espacial de trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario, cuyas incidencias llegaron a superar el 30% en 2010.
Además, este plan incluye sesiones informativas para formar a desempleados en materia de derechos y obligaciones. En este sentido, el Gobierno prevé potenciar la acción de promotores y orientadores, para que los perceptores de prestaciones por desempleo sean "conscientes" de que su retribución "no es un derecho derivado de las cotizaciones realizadas, sino que exige una serie de obligaciones consecuentes con su disponibilidad para trabajar".
En este misma línea, el documento puntualiza que se "utilizarán" agencias privadas de colocación para realizar "actuaciones de activación" de los perceptores de prestaciones de paro, "obligando a las mismas a comunicar al Servicio Público con el que colaboren los incumplimientos que hayan detectado".
El gasto en desempleo se acelera y desborda las previsiones del Gobierno
El Ejecutivo pagó 8.100 millones hasta marzo, un 2,7% más que en el primer trimestre de 2011
Manuel V. Gómez
Ha vuelto la recesión. La destrucción de empleo se ha
recrudecido. El gasto en protección contra el paro aumenta. Y lo hace
con fuerza. El Gobierno no ha valorado esta ecuación al elaborar los
Presupuestos para este año ?o, al menos, no en toda su magnitud? y puede
encontrarse con que antes de que el Parlamento dé su visto bueno a las
cuentas de 2012, el mercado laboral las haya convertido en cuentos.
Hacienda calcula que el gasto en prestaciones por desempleo bajará casi
un 5% respecto a 2011. En cambio, hasta marzo, esta partida ha consumido
un 2,7% más de lo gastado en el mismo periodo del año anterior, según
el Ministerio de Empleo.
Solo en el primer trimestre, la nómina total de prestaciones y
subsidios por desempleo ascendió a 8.100 millones, 212 más que en 2011.
El año pasado, los Servicios Públicos de Empleo Estatal, nombre oficial
del antiguo Inem, gastaron 29.992 millones en proteger a los parados. A
la vuelta del verano el deterioro del mercado laboral se intensificó, y
pese a ello, Hacienda estimó al elaborar los presupuestos en 28.503
millones el dinero para esta partida.Los dos peores años para las cuentas públicas españolas fueron 2009 y 2010. Eso se debió en gran medida a que hubo que desembolsar más de 30.000 millones ?el doble que en 2007? para pagar el paro de quienes, víctimas de la crisis, habían perdido su empleo.
El ejercicio pasado esta partida menguó ligeramente. Y a esto se ha agarrado el Gobierno para tratar de cuadrar las cuentas y cumplir con las exigencias de Bruselas (o Berlín) de llegar a un déficit del 5,3% del PIB este año. "Responde a la disminución del gasto en desempleo que ya se inició en 2011 y es coherente con ella", han justificado en la Secretaría de Estado de Presupuestos en alguna ocasión.
Cambio de tendencia
En apariencia, esta explicación es cierta, pero cuando se desciende al detalle comienza a hacer agua. La tendencia se invirtió justo hace un año. En abril de 2011, la caída del gasto respecto al mismo mes del año anterior fue del 10,9%. Después el porcentaje menguó paulatinamente hasta que en enero volvió a repuntar (0,52%), en febrero se aceleró al 3,4% y en marzo, último mes con datos, se ha acentuado la tendencia (4,1%).
El Gobierno también fía sus números a que los nuevos parados tienen menos derechos acumulados que quienes van a perder la prestación. Es decir, los que pierdan su empleo a partir de ahora cobrarán menos paro y durante menos tiempo.
Esta dinámica explica que en 2011 bajara el gasto respecto a 2010 (cuando se tocó techo con 32.200 millones) pese a que el número de parados no dejara de crecer año a año. Pero la vuelta de la recesión se está cobrando el empleo de trabajadores fijos. La última Encuesta de Población Activa cifraba en 138.400 empleos indefinidos. Y esto tiene una lectura muy negativa para las cuentas de los servicios públicos de empleo: los trabajadores fijos son los que tienen derecho a cobrar un paro más alto y durante más tiempo.
Prestaciones contributivas
Por si todo esto fuera poco, hay otro factor que ensombrece las cuentas del Ejecutivo: las solicitudes de altas en las prestaciones contributivas. Este es el mejor indicador adelantado de cómo va a evolucionar el gasto en protección por desempleo y en febrero y marzo creció por encima de los dos dígitos, un 18,1% y un 11,5%, respectivamente.
Este cúmulo de datos ?amén de los más de 630.000 empleos que el Ministerio de Economía vaticina que se destruirán hasta diciembre? resta credibilidad a los presupuestos de 2012 en la parte que atañe al gasto en protección frente al desempleo. Más todavía si se tiene en cuenta que las cuentas para este año se elaboraron entre enero y marzo y el Ejecutivo ya conocía gran parte de los datos expuestos.
Cuando se habla de contabilidad nacional, los números de los Servicios Públicos de Empleo Estatal son una de las tres partes con la que se elaboran las cuentas de la Seguridad Social, junto con el Fogasa y el sistema de pensiones. El Gobierno ha pronosticado que la Seguridad Social acabará este año con un 0% de déficit. Difícil. Muy difícil a tenor de la evolución de la protección por desempleo y del sistema de pensiones ?las previsiones del Gobierno son muy optimistas a tenor de lo visto hasta marzo?.
Michelin anuncia un ERE temporal que afectaría a cerca de 5.000 trabajadores
La medida afectará a las cuatro plantas de las que dispone la compañía en España
Agencias / Empleo elpaís.com
La dirección de Michelin ha planteado hoy a los sindicatos su
intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE)
temporal que afectaría a 4.863 personas de las cuatro fábricas de España
para hacer frente a la bajada de las ventas. Así lo ha confirmado
Marcial Moreta (CCOO), el presidente del comité de empresa de la planta
de Vitoria, en la que trabajan 3.200 personas, de las cuales podrían
verse afectadas por el ERE unas 1.700.
La representación de la empresa y el comité intercentros se han
reunido hoy en la planta de Vitoria, donde la dirección ha informado de
la existencia de "un parón productivo importante" en diversas líneas de
producto, debido a la "imparable" bajada de ventas tanto de turismos
como de camiones en el mercado español, y a la falta de recuperación de
los mercados internacionales a los que esta compañía abastece, según
CCOO.En este sentido, Moreta ha indicado que el ERE planteado supondría la suspensión temporal de los contratos de 4.863 trabajadores durante un máximo de 36 días por persona y empezaría a aplicarse a finales de mayo y hasta el 30 de septiembre. Los únicos trabajadores que se salvarían de la parada productiva serían los que están destinados en las actividades de Ingeniería Civil, Agrícola y el servicio de fabricación de membranas.
En el caso del País Vasco, la otra planta de Michelin que se vería afectada por el ERE sería la de Lasarte (Gipuzkoa), en la que el expediente se podría aplicar a unos 500 trabajadores de una plantilla de 600. Además, también se verían afectadas las plantas de Aranda (Burgos) y Valladolid. La dirección de Michelin y los sindicatos del comité se han citado a una próxima reunión el martes, día 8, para seguir hablando.
El PP abarata las prejubilaciones de las grandes empresas
No pagarán el paro de los mayores de 50 años despedidos antes del 27 de abril de 2011
Carmen Sánchez-Silva / Manuel V. Gómez
El PP se corrige a sí mismo y, de paso, rebaja la factura de
los despidos colectivos de las grandes empresas con beneficios. La
tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará desaparecer, si los
populares no cambian de intención, la penalización sobre las
prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de
2009 a abril de 2011 que la propia reforma impuso. Una enmienda
presentada por el Grupo Popular librará a las sociedades con beneficios
de pagar el paro y las cotizaciones sociales de los mayores de 50 años
afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el 27 de abril de
2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a esa fecha
no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social
puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son
un obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.
Entre los deberes que Valeriano Gómez dejó a su sucesora en la
cartera de Empleo, Fátima Báñez, estaba articular cómo las empresas con
más de 500 empleados iban a hacerse cargo del coste de las prestaciones
por desempleo y las cuotas a la Seguridad Social cuando en los ERE
despidieran a mayores de 50 años.En abril de 2011, Telefónica anunció que pensaba despedir a 8.500 trabajadores en España aun teniendo beneficios. El Gobierno socialista reaccionó con esa medida y, aunque el ERE de la operadora quedó en 6.500 afectados y la compañía proclamó que asumiría el coste del desempleo (350 millones), el Ejecutivo no dio marcha atrás. El entonces llamado Ministerio de Trabajo usó el trámite de la reforma de pensiones para colar una enmienda ?conocida como enmienda Telefónica? que establecía que si las grandes empresas con ganancias despedían a más de 100 personas en "un periodo de referencia de tres años" pagarían el paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años prejubilados.
Báñez aprovechó la reforma laboral para hacer los deberes y fue más allá. En el decreto ley que ahora se tramita en el Congreso estableció que en ese "periodo de referencia" de tres años "también se incluirán las extinciones de contrato que se hayan producido en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo". Es decir, también se tendría que pagar por los prejubilados desde 2009 si se plantea un nuevo ERE teniendo beneficios.
La aclaración retroactiva no cayó bien a los agentes sociales, defensores de las prejubilaciones porque mitigan el impacto de los ERE, y disgustó a las grandes empresas, a las que les encarecía la factura de las próximas regulaciones. La presión de ambas partes, sobre todo, de las grandes multinacionales españolas agrupadas en torno al Consejo Empresarial para la Competitividad, ha provocado el cambio de actitud popular. El Gobierno y el PP no han sido las únicas ventanillas a la que se han dirigido. También lo han hecho a otros grupos parlamentarios, explica un diputado.
La enmienda popular que elimina la retroactividad, justificada como "mejora técnica", lo hace hasta el 27 de abril de 2011, fecha fijada en la reforma de pensiones. Los ERE presentados por posterioridad a esta fecha sí tendrán que asumir el coste.
Para hacerse a una idea de lo que supone el cambio, basta con mirar las cifras de despidos de las cajas de ahorros y los bancos que han surgido de su proceso de reestructuración en los últimos años. Un documento de Empleo de hace poco menos de un año calculaba en 13.000 los afectados por los ERE del sector (sin especificar cuantos eran prejubilados) y en 53.688 euros para las arcas públicas de cada uno de ellos en prestaciones y cuotas desde 2010.
En total, 700 millones de euros. Martín Godino, director de Sagardoy Abogados, el bufete laboral más activo en la reestructuración financiera, eleva el número a 15.000 empleados desde 2009, de ellos, casi el 90% serían mayores de 50 años, 13.000, y el coste de cada uno de ellos para las arcas públicas es de 50.000 euros.
Si la enmienda popular sale adelante, las cajas podrían ahorrar hasta unos 700 millones por los ya prejubilados si en las nuevas regulaciones de empleo que hagan despiden a empleados de más de 50 años, ya que todo el mecanismo se pone en marcha cuando el ERE afecta a trabajadores mayores de esa edad.
No obstante, hay que tener en cuenta que el deterioro del sector financiero mes a mes ha hecho que varias entidades que realizaron ERE en el pasado (CAM, Unnim, Catalunya Caixa, Novagalicia...) entren en pérdidas, por lo que ya no tendrían que pagar por las nuevas prejubilaciones. Así que la factura del sector financiero puede verse menguada por este lado. Las cajas no son las únicas afectadas por la retroactividad. En CC OO, creen que la medida, si no decae, puede repercutir en la mayoría de empresas del Ibex.
Para sindicatos y empresarios, la penalización introducida por el Gobierno de Rajoy a las prejubilaciones las hace inviables a partir de ahora. El prejubilado es un trabajador despedido, en los últimos años de su vida laboral, si bien suele obtener condiciones más ventajosas que en un despido convencional. Una vez pierde el empleo, el prejubilado, como el resto de los desempleados pasa a cobrar la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto suponía un abaratamiento del despido, pues las dos partes contaban con el seguro de desempleo en el cálculo de la indemnización.
