La quiebra de una fundación destapa otro gran fraude en la sanidad catalana

El grupo privado CRC causó grandes pérdidas a una fundación de hospitales
públicos.La empresa cargó a la entidad 3,27 millones de euros de gastos propios
El presunto fraude afecta también a un crédito del antiguo Ministerio de
Ciencia y Tecnología

Oriol Güell   Barcelona 17 DIC 2012 - 22:53 CET

Fachada del Centro de Investigación Biomédica de Barcelona. / VICENÇ GIMÉNEZ

La quiebra de Instituto de Alta Tecnología (IAT), una fundación creada en
2001 para construir y gestionar un pionero centro de diagnóstico por imagen
en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en
catalán) <http://www.prbb.org/contingut/part00?from_action=eng_part00> , ha
hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la sanidad
catalana. El IAT tenía que ser un modelo de excelencia y una brillante
colaboración entre el sector público y el privado. Formada por tres
hospitales financiados por la Generalitat -Mar, Clínic y Vall d'Hebron- y un
holding privado -CRC, empresa líder en Cataluña en el sector-,
<http://www.crccorp.es/>  la fundación acabó sin embargo solicitando el
concurso de acreedores en octubre de 2011.
La causa de ello no fueron los recortes. Ni siquiera la escasez de recursos
para la investigación. Según el administrador concursal de IAT y la
auditoría Faura-Casas, a la que el Juzgado de Primera Instancia 46 de
Barcelona ha encargado un peritaje, CRC se aprovechó de su control sobre la
fundación para obtener irregularmente de ella cuantiosos recursos e incluso
desvió hacia sus empresas filiales subvenciones y todo tipo de materiales
comprados con fondos públicos, todo ello en medio de un caos de gestión
-cuentas no depositadas, "cifras inconsistentes", ingresos y gastos que no
cuadraban...- en el que ahora los técnicos tratan de poner un poco de orden.
En total, el administrador concursal, estima en 5,3 millones el dinero que
el grupo CRC debe a la fundación. La mitad de este importe proviene de un
crédito blando concedido en 2002 por el entonces Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Por todo ello, el administrador considera que "existen motivos
para fundamentar la calificación culpable del concurso", es decir, que
pueden existir responsabilidades por parte de los gestores de CRC. Lo
sucedido tampoco deja en muy buen lugar a los patronos de los tres
hospitales públicos afectados, cuya falta de control o complacencia permitió
todo lo ocurrido.
El caso, además, amenaza complicarse en un reguero de procesos judiciales,
ya que IAT ha dejado en la estacada a una veintena de trabajadores e
investigadores, y el grupo CRC solicitó asimismo el concurso de acreedores
el pasado mes de septiembre.
La malograda historia del IAT arranca en julio de 2001, cuando una filial
del grupo CRC -CRC Mar- y el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
-IMAS, empresa del Ayuntamiento de Barcelona que entonces gestionaba el
hospital del Mar- crearon la fundación IAT. A los dos socios fundadores, a
IAT se sumaron el hospital Clínic en enero de 2003 y el de la Vall d'Hebron
en octubre de 2004. En todos los casos la aportación inicial fue de 60.010
euros, ampliada con otros 100.000 euros por actor en 2005, dinero que los
centros ya pueden dar por perdidos.
 Vall d'Hebron, Clínic  y el Mar perderán 160.000 euros cada uno por su
aportación fundacional
Pese a que CRC solo aportó una cuarta parte de estos fondos iniciales, los
hospitales le cedieron el control de la fundación en un contrato firmado en
abril de 2002 que daba a CRC Corporación Sanitaria -la matriz del holding-
los poderes "de dirección, gestión, administración y dirección médica" de
IAC. El administrador destaca la paradoja de que el contrato fuera firmado
por los dos máximos ejecutivos de CRC, Carlos Sanpons y Norberto Galindo. El
primero -consejero y presidente de la matriz, CRC Corporación Sanitaria- lo
hizo en representación de IAT, mientras Galindo lo hizo por el holding.
El dominio de CRC sobre la gestión del IAT le permitió obtener cuantiosos
ingresos de la fundación desde el primer momento. Por el servicio de
dirección, el contrato establecía 50.000 euros anuales más un importe
variable por cada prueba de diagnóstico por imagen realizada, condiciones "a
todas luces leoninas y perjudiciales para la fundación y en beneficio, muy
lucrativo para CRC", sostiene el administrador.
La pericial de Faura-Causas, sin embargo, alerta de que en realidad CRC
cobraba mucho más a IAT por este concepto: "Los importes facturados en
concepto de canon de gestión fijo (...) son sustancialmente superiores a los
estipulados en el contrato". En 2008, CRC ingresó en realidad 109.256 euros,
cantidad que en 2010 subió a 111.786 euros.
Pese a todo, estas cantidades eran solo una pequeña parte del dinero público
que CRC llegaría a gestionar si llegaba a construirse el ciclotrón, el
proyecto por el que fue creado el propio IAT. Este equipo, un acelerador de
partículas, requería una millonaria inversión que en enero de 2002 aportó el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue en forma de crédito de 5,79 millones
de euros a devolver en 15 años sin intereses y con una carencia de tres
años.
El ministerio solo impuso una condición relevante: el ciclotrón y los otros
equipos médicos comprados con el crédito "debían utilizarse únicamente con
fines docentes y de investigación, y no comerciales". Las obras y la
instalación de los equipos se prolongaron durante más de cuatro años, pero
una vez todo en marcha CRC no tardó en saltarse la condición impuesta por el
ministerio y a ofrecer a empresas del sector farmacéutico y sanitario el uso
del ciclotrón. Según destaca el administrador, "la intención de la fundación
no era la de dedicar única y exclusivamente el ciclotrón para fines de
investigación o docentes sino, muy al contrario, para su explotación
comercial".
Los hospitales entregaron a la empresa el control absoluto de la fundación
No fue la única irregularidad cometida por CRC con relación al crédito.
Según Faura-Casas, IAT "no pudo justificar la inversión por la totalidad de
la cantidad prevista", lo que provocó que el ministerio le revocara parte
del crédito por 1,84 millones de euros. Tras varios escritos y negociaciones
cruzados entre 2006 y 2008, IAT dejaría de devolver al Ministerio de Ciencia
2,52 millones de euros, importe aún pendiente.
Pero la más controvertida de las decisiones adoptadas por CRC como gestor de
IAT aún tenía que llegar. Fue en enero de 2008 cuando la fundación vendió a
una empresa filial de CRC -CRC Centro de Imagen Molecular (CRC-CIM)- el uso
del ciclotrón y las ramas de actividad susceptibles de ser comercializadas.
Era una operación que permitía sortear las limitaciones impuestas por el
ministerio, pero para el administrador concursal suponía un fraude. CRC-CIM
fue para él una sociedad "constituida con la finalidad de instrumentalizar
la compra de activos a IAT, todo ello en beneficio de CRC y en muy grave
perjuicio para la fundación". La venta supuso vaciar de facto la fundación
de su principal activo y cuestiona el papel de los patronos que lo
permitieron, cuya función según la ley es velar por los principios
fundacionales de la entidad.
El administrador concursal recurrió ante la venta del ciclotrón a CRC-CIM
ante el Juzgado de lo Mercantil 6, que en una sentencia del pasado 12 de
noviembre ha resuelto declararla nula. Están por ver ahora los efectos de
este fallo en el proceso, con el grupo CRC en concurso de acreedores y el
IAT apenas funcionando desde hace más de un año.
Tras la venta de su principal activo, la fundación IAT quedó reducida a la
mínima expresión, con solo cuatro de los cerca de 40 trabajadores que llegó
a tener. Según la pericial de Faura-Casas y el administrador concursal, sin
embargo, CRC utilizó en esta última etapa, de 2008 a 2010, a la fundación
como una especie de tapadera para comprar a coste cero todo tipo de
materiales y servicios. El esquema utilizado era tan simple como lesivo para
IAT y los proveedores: la fundación hacía los pedidos (que luego no pagaba),
pero los materiales y servicios obtenidos iban en realidad a empresas del
grupo CRC. Esta práctica causó a la fundación, según Faura-Casas, un agujero
de 3,27 millones de euros. Estas prácticas fueron las que llevaron a IAT a
la ruina.
No fue hasta finales de diciembre de 2010 cuando los tres hospitales
públicos implicados "reaccionaron", según el administrador concursal,
"retomando el control efectivo de la fundación el 21 de febrero de 2011". Lo
tardío de la medida no logró evitar la solicitud del concurso de acreedores
presentada por IAT en octubre del mismo año.
Silencio entre los implicados
Las cuantiosas pérdidas sufridas por el IAT y los hospitales públicos
implicados, y el hecho de que el caso esté en los tribunales lleva a la
mayoría de implicados a declinar ofrecer su versión sobre los hechos. Así lo
han hecho los hospitales Clínic y Vall d'Hebron, que rechazaron comentar el
papel de sus patronos en la quiebra de IAT.
Un portavoz del hospital del Mar se limitó a destacar que "los hechos
corresponden al anterior equipo de gestión". Este mismo portavoz también
apuntó que el grupo CRC habría maniobrado a espaldas de los patronos,
especialmente en la venta del ciclotrón a una empresa filial.
Esta versión fue desmentida por los responsables de la empresa, que
aseguraron que "los patronos de IAT estuvieron en todo momento informados y
aprobaron las principales decisiones y las cuentas de la entidad". Un
portavoz de CRC, hoy también en concurso de acreedores, culpó a las
administraciones implicadas -Generalitat y Ayuntamiento- por haber
incumplido un acuerdo que hubiera dado viabilidad al proyecto.

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