EL ESCÁNDALO DE LA CORRUPCIÓN
ESPAÑA / CORRUPCIÓN POLÍTICA
400 imputados y sólo ocho en la cárcel
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La
Audiencia Nacional acumula en la actualidad 16 macroprocesos
judiciales por delitos relacionados con delincuencia organizada, mafias,
corrupción y estafas
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De los encarcelados, siete son de la «operación Crucero» y uno
del «caso Emperador», los dos más recientes
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El resto de los investigados están a la espera de resolución
judicial
400 IMPUTADOS, Y SOLO 8 DETENIDOS,
publicado hoy 17.12.2012, en la Razón
F. Velasco/ C. Castro. Madrid.
Complejas tramas de
corrupción política y económica derivan desde hace años en extensas
investigaciones judiciales. Los magistrados de la Audiencia Nacional
tienen que lidiar durante los últimos tiempos con nuevas formas de delincuencia
organizada; con presuntas mafias (rusa y china) que han blanqueado cuantiosas
sumas de dinero al extranjero; con ex directivos de cajas de ahorro que
multiplican sus pensiones dejando a las entidades que presidían al borde la
quiebra; debiendo dar respuesta judicial a las denuncias de miles de afectados
por supuestas estafas en sociedades de inversiones y numerosos otros casos de
corrupción como el de la SGAE
o «Gürtel» (en el que hasta el momento el único condenado es el juez que abrió
la investigación, Baltasar Garzón, por ordenar grabar las conversaciones de los
supuestos cabecillas con sus abogados en prisión). Procesos interminables que
se inician, en muchos de los casos, con un buen número de imputados en prisión
provisional y que se prolongan durante años por la complejidad de las redes que
se investigan y la ya endémica lentitud de la maquinaria judicial. Esto obliga
a dejar en libertad a muchos de los detenidos encarcelados de forma preventiva,
porque la legislación procesal establece que un detenido sólo puede permanecer
un máximo de dos años en prisión provisional, prorrogables otros dos en casos
de especial gravedad. Esas complejas investigaciones que se prolongan durante
años obligan en muchas ocasiones a dejar en libertad a los imputados, previo
pago de fianzas millonarias que a medida que transcurre el tiempo se reducen a
medida que mengua el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En la
actualidad, el tribunal acumula 16 complejos procesos judiciales en los que hay
más de 400 imputados por distintos delitos relacionados con la corrupción. De
ellos, tan sólo ocho (siete del «caso Marsans» y uno del «caso Emperador»,
ambos muy recientes) permanecen en prisión provisional. Desde luego, no todos
los imputados tienen por qué ser finalmente procesados y sentarse finalmente en
el banquillo, aunque la mayoría de los que, en los últimos años, han llegado a
juicio se han saldado con sentencias condenatorias. Gescartera, el fraude del
lino o PSV, sin ir más lejos.
Juzgado nº1: «caso marsans»
La Audiencia Nacional imputó en febrero de 2012 al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz
Ferrán por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de
4,4 millones de euros procedentes de los clientes del grupo Marsans, según el
auto dictado por el juez Santiago Pedraz. El juez imputó también por el mismo
delito al último director general de la empresa turística, Iván Losada,
representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario
experto en quiebras Ángel de Cabo, que adquirió la compañía en junio de 2010 y
que también compró Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos.
«Banco de Valencia»
El Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció ante la Audiencia Nacional
al ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra; a su esposa; al
empresario Eugenio Calabuig y a cuatro hermanos de éste; y a Aurelio Izquierdo,
director financiero del banco, por los delitos de estafa, administración
desleal y apropiación indebida.
La denuncia explica
que los informes demuestran una instrumentalización del Banco de Valencia por
parte de diversos integrantes de la familia Calabuig, a quienes el banco
financiaba operaciones carentes de toda racionalidad económica. Se investiga la
concesión de créditos a la firma Agval, para hacerse con el control del 33,42%
de las participaciones de Aguas de Valencia .
«Caso Fórum Filatélico-Aafinsa»
El 9 de mayo de 2006,
los jueces de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska
intervinieron las sociedades de inversión en bienes filatélicos Afinsa y Fórum
Filatélico por supuesta estafa, blanqueo de dinero, insolvencia punible,
administración desleal, delitos contra la Hacienda Pública
y falsedad documental. La investigación estimó que eran 400.000 los afectados y
cifró en 3.500 millones de euros el supuesto desfase patrimonial (1.105
millones de Afinsa y 2.416 de Fórum Filatélico) y en 7.500 millones el presunto
fraude fiscal. La Policía
detuvo a cuatro directivos de Fórum Filatélico, entre ellos su presidente,
Francisco Briones, y a cinco directivos de Afinsa, entre los que se encuentran
su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador, Albertino de Figueiredo. El
caso Afinsa, con una veintena de imputados (todos en libertad) lo lleva el
Juzgado Central Número 1, mientras que el de Forum Filatélico, con una decena
de imputados en libertad, ha sido instruido por el Juzgado Número 5. Ambos
casos están pendientes de resolución judicial.
Cuentas bancarias en Liechtenstein
Un total de 40
personas investiga la
Audiencia, ya que podrían estar incurriendo en presunto
delito fiscal y que tendrían cuentas bancarias en el paraíso fiscal de
Liechtenstein. Todos se encuentran en libertad.
Juzgado nº2: «Novacaixa Galicia»
Las prejubilaciones
millonarias de cinco ex directivos de Novacaixa Galicia es lo que investiga el
juez de la
Audiencia Nacional Ismael Moreno desde el pasado mes de
junio. De hecho, con el fin de garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias,
Moreno les impuso una fianza de más de 10 millones de euros en noviembre de
este año. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier
García de Paredes y Julio Fernández Gayoso son los cinco ex miembros de la
cúpula de esta caja gallega de los que Anticorrupción cree que hay indicios de
que «acordaron mejorar sus contratos de alta dirección, en su propio beneficio
y para asegurar sus intereses personales, con menoscabo del patrimonio de la
entidad bancaria».
Juzgado nº3: «CAM»
En junio de este año,
el juez Gómez Bermúdez citaba a declarar como imputados a cinco ex directivos
de la CAM
(Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano y
Teófilo Sogorb) en relación con una querella admitida a trámite por presuntos
delitos societarios, de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. El
ex presidente de la caja, Modesto Crespo, aseguró que no tenía remuneración
alguna, aunque sí que recibió 300.000 euros en dietas por asistencia. Aunque no
tuvieron que ingresar en prisión, Bermúdez les impuso en julio una fianza de
25,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por daño
patrimonial a la entidad.
Juzgado nº4: «Bankia»
Ninguno de los 33
imputados por el proceso judicial contra los gestores de Bankia ha tenido que
ingresar en prisión, al estar todavía en una fase muy inicial de la
instrucción. El caso se inició el 4 de julio de 2012, cuando la Audiencia Nacional
admitió a trámite la querella presentada por UPyD, y citó a declarar a Rodrigo
Rato, José Luis Olivas y una treintena de ex consejeros. El magistrado Fernando
Andreu les imputa supuestos delitos de falsificación de cuentas, administración
desleal o apropiación indebida, y estima que el coste por el saneamiento y
capitalización de la entidad supondría un coste para el erario público de
23.465 millones de euros, lo que considera «sin duda un grave perjuicio a la
economía nacional».
«Caso Emperador»
Fernande Andreu
coordina desde el 16 de octubre la denominada «operación Emperador», que se inició
con la detención de más de 80 personas relacionadas con una presunta red de la
mafia china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año. Hay ya
casi un centenar de imputados. Sin embargo, tan sólo uno de ellos permanece en
prisión, después de que fueran puestos en libertad una veintena de ellos,
incluido el presunto cabecilla de la trama, Gao Ping, debido a que estuvieron
retenidos más de 72 horas sin pasar a disposición judicial.
Juzgado nº 5: «Nueva Rumasa»
Con la Fiscalía Anticorrupción
investigando a la sociedad desde marzo de 2010, Pablo Ruz admitió a trámite en
junio del 2011 la querella presentada por un grupo de 68 inversores contra
Nueva Rumasa e imputa a José María Ruiz-Mateos, así como a sus seis hijos
varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible. Además, impuso
al grupo una fianza de 13 millones de euros y ordenó la entrada y registro de
las sociedades del «holding» emisoras de los pagarés. Tras la venta de Nueva
Rumasa en septiembre, Ruz imputó a los nuevos dueños –Ángel de Cabo, Iván
Losada y Fernando Lavernia– por presuntos delitos de blanqueo de capitales e
insolvencia punible dentro de la misma causa. En total, hay actualmente 20
imputados, todos en libertad provisional.
«Sgae»
El presunto desvío de
fondos en la filial de la SGAE,
la SDAE, se
investiga desde julio de 2011 en el marco de la «operación Saga». Nueve
personas fueron detenidas en las primeras horas de la operación, entre las
cuales se encontraba José Luis López Neri, presunto cerebro de la trama, y
Rafael Ramos, que ejercía el control de Microgénesis. Ingresaron en prisión
bajo fianza de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, después de conocerse
que realizaron más de 20 viajes privados con cargo a la SGAE, según un informe de la Guardia Civil. Neri
abonó la fianza el 3 de agosto, mientras Ramos lo hizo el 20 de julio. Son 14
los imputados, todos en libertad con cargos.
«Caso Gürtel»
Un centenar de
personas, siete de ellas aforadas, han llegado a estar imputadas en algún
momento dentro del «caso Gürtel», instruido en principio por el juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, sobre una presunta trama de corrupción. El caso pasó después a
ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana,
así como por el Tribunal Supremo. Francisco Correa, presunto cabecilla de la
trama, ingresó en la cárcel en febrero de 2009 y, tras pasar casi tres años y
medio en prisión provisional, salió de ella tras abonar una fianza de 200.000
euros, rebajada hasta en cuatro ocasiones. Otros imputados de la trama son
Pablo Crespo, Arturo González Panero o Antoine Sánchez.
«Pretoria»
El 27 de octubre de
2009, Baltasar Garzón ordenaba el inicio de la «operación Pretoria», una
presunta trama de corrupción urbanística en Barcelona que salpicó de lleno a
Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) y al PSC. El 1 de abril de 2010,
Luis García abonaba los 500.000 euros de su fianza, por lo que ninguno de los
17 imputados está ya en prisión. La investigación descubrió un grupo organizado
«con una compleja red» de tráfico de influencias «para controlar» proyectos
urbanísticos en Santa Coloma, cuyo dinero obtenido luego se blanqueaba en
paraísos fiscales como Suiza o las islas Caimán. Dos días estuvieron en prisión
Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, antes de
abonar sus respectivas fianzas, mientras que otros cuatro imputados, entre
ellos Lluís Casamitjana y Josep Singla (500.000 euros), abonaron en el acto las
cuantías.
«Caja Castilla-La Mancha»
La polémica gestión de
Hernández Moltó e Ildefonso Ortega al frente de Caja Castilla-La Mancha , que
originó un agujero superior a los 3.000 millones de euros, poniendo en peligro
los depósitos de más de un millón de impositores y los puestos de trabajo de
8.000 personas, les han costado la imputación de la Audiencia Nacional.
Manos Limpias denunció que CCM concedió créditos a empresas que se encontraban
a las puertas de la suspensión de pagos o que Moltó gastó, supuestamente con
cargo a la caja, 10.000 euros en un viaje a Perú de ocho días y cobró 340.000
euros antes de la intervención.
«Operación troika»
El 13 de junio de 2008
se iniciaba la denominada «operación Troika», desarrollada en Málaga, Alicante,
Palma de Mallorca y Madrid con la detención de una veintena de personas. Con
ella se desarticulaba la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una
de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo.
Detuvieron a sus principales jefes, residentes en España, desde donde ordenaban
asesinatos, dirigían el tráfico de armas y de drogas, la extorsión, cohecho,
contrabando de cobalto y tabaco, palizas por encargo y amenazas. Ingresaron en
prisión provisional 14 de los 30 imputados, incluido Gennadios Petrov o Leonid
Khristoforov, actualmente en busca y captura, después de que obtuvieran un
permiso para poder desplazarse a Rusia pese a estar imputados en la causa
procesal. Una vez allí, alegaron sufrir sendas enfermedades. Sobra decir que
ninguno de ellos regresó.
«EUROBANK»
El 10 de abril de
2005, la Audiencia
Nacional aceptó la competencia de las diligencias que se
seguían en un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables
de Eurobank, encabezados por su ex presidente Eduardo Pascual, cometieron
delitos societarios, de falsedad, de apropiación indebida y estafa. Hay 16
acusados pendientes de que se dicte contra ellos apertura de juicio oral. El
número de afectados ascendió a 16.500 tras la suspensión de pagos de la entidad
en el año 2004.
Juzgado nº6: «caso crucero»
A los nueve implicados
se les imputa alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia
punible, entre otros delitos, relacionados con la crisis y el vaciamiento del
grupo Marsans. Los principales imputados en el «caso Crucero» son el ex
presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, Iván Losada y Ángel de Cabo. El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco dictó a principios de diciembre prisión para siete de los nueve
detenidos. Las fianzas aplicadas a los principales implicados superan los 110
millones (50 millones para De Cabo, 30 para Díaz Ferrán y otros 30 para Losada)
