Los condicionantes del desempleo masivo en el Estado español y las alternativas
1.- Introducción
El desempleo es una característica esencial de la
dinámica de funcionamiento de las economías capitalistas. Mucho más en
contextos de crisis económica, también en el contexto actual, el
desempleo es una herramienta de disciplina contra la clase trabajadora.
En este artículo vamos a esbozar los orígenes del desempleo masivo en
España, asi como las políticas economicas y laborales que se han ido
implementado en los ultimos años para incrementarlo. Veremos pues a
quien está perjudicando seriamente la política de los gobiernos del
Estado, y quien se está beneficiando de ellas. Para finalizar haremos un
repaso con las conclusiones y algunas vías alternativas de intervención
anarcosindicalista respecto al desempleo.
2.- Crisis económica, desempleo y mercados de trabajo.
Para entender la situación en la que nos encontramos,
es conveniente remontarse brevemente a los orígenes de la crisis en el
Estado español. De entrada cabría decir que, si bien la crisis
financiera tuvo un orígen internacional -aunque también el sistema
financiero español estaba lastrado por el endeudamiento masivo-, la
crisis estrictamente económica tenía y tiene unas características
particulares propias. Así pues, no es en exclusiva la crisis financiera
la responsable de la caída de la actividad económica y el incremento del
desempleo en el Estado español. Muy resumidamente debemos apuntar que
el sistema capitalista y sus responsables, desarrollan por su propia
dinámica crisis frecuentes, materializadas éstas en base a un exceso de
producción que no es posible colocar en los mercados de productos y
servicios, o en una caída de la tasa de beneficios que supone desviar la
inversión a otros sectores -por ejemplo financiero- o países, con la
consecuente caída de la actividad económica y del empleo. En el caso
español debemos entender la crisis económica por un efecto multicausal,
con factores tanto de oferta como de demanda.
Por el lado de la oferta, es evidente
que el patrón de especialización productiva de la economía española,
basado en el peso crucial de la construcción y el turismo, era y es
insostenible. En este punto cabe apuntar que los responsables de la
política económica e industrial, gobiernos tanto del PP como del PSOE,
son cómplices de sostener esta situación. Es obvio que mantener una
evolución de crecimiento económico sostenido, aunque fuera con bases
endebles y con tendencia a la inestabilidad, interesaba política y
economicamente1.
La inacción por parte de los gobiernos en cuanto a la política agraria e
industrial, y la losa de la Unión Europea que limita el desarrollo de
ciertos sectores productivos, supuso reforzar un crecimiento en sectores
inestables, de baja productividad y con la característica de generar
empleos precarios y con bajos salarios. Por el lado de la demanda, la
crisis estaba larvada por la dinámica continuada de pérdida de poder
adquisitivo de las clases trabajadoras -la mayoría de la población-. El
efecto del incremento de precios en el sector de la construcción de
vivienda provocó que las familias se tuvieran que endeudar y contener el
consumo en otros aspectos, o mantenerlo también en base a crédito
limitando el ahorro. Este patrón de distribución de la renta, auspiciado
por el poder de la patronal y el apoyo de los gobiernos y el Estado,
fue legitimado por los sindicatos oficiales al ir pactando sucesivamente
contención salarial y reducción de derechos laborales en época de
bonanza. En definitiva, el tipo de crisis en el Estado español y sus
consecuencias tangibles solamente se puede entender por factores
estructurales característicos del capitalismo local, entre otros por la
fuerza de los capitalistas, para maximizar sus beneficios y el fraude
fiscal con el apoyo del Estado, imponiéndose a los trabajadores y
trabajadoras.
Normalmente el discurso oficial de los
gobiernos y las patronales -masivo en los medios de comunicación- se
centran en identificar las causas del desempleo masivo por un mal
funcionamiento de los mercados de trabajo. Obviamente, identificar
culpables facilita legitimar políticas y reformas contra esos supuestos
culpables. En ese mismo sentido se articulan las políticas sociales en
la era neoliberal, puesto que se pone el énfasis en el individuo como
responsable de su situación. Es el trabajador/a el responsable de
encontrar empleo. Es el trabajador/a que debe reciclarse, formarse y
adaptarse a las condiciones de los mercados de trabajo. Esto se
materializa en el impulso de las denominadas políticas activas de
empleo. Por lo tanto, este discurso de la activación solamente favorece
la estigmatización, el señalar como culpable quienes no somos más que
victimas del sistema socioeconómico y de sus gestores.
Cabe decir también que para algunos empresarios son
útiles las recesiones y crisis, ya que les permite disminuir costes y
restablecer las condiciones necesarias para llevar a cabo una inversión
rentable. Aunque es posible que de vez en cuando los capitalistas
necesiten de una recesión, eso no garantiza que vaya a producirse: como
hemos visto ya, las recesiones no se deben a ninguna conspiración, sino
que es el propio capitalismo como sistema y su dinámica, los que generan
recesiones y crisis de forma periódica. Desde perspectiva estrictamente
empresarial, es necesario apuntar que las crisis económicas refuerzan a
algunas empresas, las que tienen mayor liquidez, absorbiendo a la vez,
parte del mercado de ventas de otras empresas e incluso a esas otras
compañías. En contextos de crisis económica como el actual, muchas
empresas aprovechan el impacto psicológico para imponer ajustes de
plantilla que les ayuden a mejorar sus beneficios en un futuro
inmediato.
3.- El impacto de las reformas laborales. ¿Quien se beneficia de ellas?
Las llamadas reformas laborales se están
sucediendo en los últimos años en el Estado español como fórmula para,
supuestamente, atajar el incremento del desempleo y facilitar la
recuperación de la contratación. Los discursos que articula el poder
-económico y político- van desde la bondad de las reformas para “generar
confianza” y “facilitar la contratación”, hasta la necesidad de
“reducir la dualidad” entre fijos y precarios, garantizar la
“flexibilidad” para los empresarios y la “seguridad” para los
trabajadores. Se habla también de reformas “equilibradas”. Todos estos
discursos son trampas dialécticas utilizadas para legitimar la
imposición de dichas medidas. Sin embargo, estos discursos nada tienen
que ver con la realidad ni con un análisis riguroso de la situación. Por
lo tanto nada tienen que ver con buscar una solución real al drama del
desempleo y la pobreza crecientes. Es asímismo evidente que la
aplicación de estas reformas suponen reforzar el poder y la autoridad
empresariales en los centros de trabajo.
Un repaso de los preámbulos de las reformas laborales
nos sirve como indicador para constatar lo anteriormente apuntado. Es
necesario concebir la reforma laboral del PSOE de 20102,
como la primera de toda una serie de modificaciones que ahondan en la
precarización laboral y el resquebrajamiento del derecho del trabajo. A
dicha reforma se deben incorporar las reformas de la negociación
colectiva de 20113 y la reforma laboral del PP en 20124
La tendencia apuntada por todas ellas se puede resumir en los siguientes aspectos:
- -Paulatina reducción de la indemnización por despido de los 45 dias por año con máximo de 42 mensualidades a 33 dias con máximo de 24 mensualidades.
- -Facilidad para aplicar masiva y sistemáticamente una indemnización por despido menor que la referida a causas objetivas, fundamentalmente económicas y productivas, de 20 días por año trabajado con máximo de 12 mensualidades. Ampliación de este tipo de despido -individual y colectivo- también al sector público.
- -Indemnización por despido vinculada a contratos temporales en 8 días por año trabajado.
- -Facilidad para incrementar la contratación temporal con la creación de un contrato con periodo de prueba de un año.
- -Fomento de las Empresas de Trabajo Temporal para su intervención en cualquier sector, incluida la gestión de la contratación temporal del Sector Público.
A este respecto, podemos decir que a menor
indemnización y facilidad para el despido, más facilmente las empresas
destruirán empleo en vez de buscar formulas alternativas. Esta cuestión,
por ejemplo, se apuntaba en un informe elaborado por el Banco Mundial
en septiembre de 20105
donde se evidencia que en aquellos países con mayor empleo temporal y
consecuentemente con más contratos con bajas indemnizaciones por
despido, la destrucción de empleo en un contexto de crisis es mayor. Por
lo tanto una de las conclusiones contrastadas es que precisamente a
mayor contratación temporal (con indemnización por despido muy baja) y a
menor indemnización por despido en los contratos fijos, la consecuencia
será un incremento de los despidos y por lo tanto del desempleo en
momentos de crisis. A esto se le debe sumar la obvia precarización de la
calidad del empleo.
- -Por otra parte se pone énfasis en la reducción de jornada y suspensión de contratos con el pago del subsidio de desempleo como alternativa a la extinción de contratos, lo que supone cargar a los trabajadores y la seguridad social, no a los beneficios empresariales, el peso del ajuste.
- -Por último, se articulan los mecanismos para facilitar prácticamente sin causa la modificación de condiciones de trabajo y el descuelgue o inaplicación de los convenios colectivos. Todo ello afectando a la totalidad de las materias que los regulan, como són salarios, horario, descansos, etc. Se limita la ultraactividad de los convenios a un año por lo que una vez decaídos la unica norma de referencia será el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional.
¿Quién se beneficia de estas reformas laborales?
La pregunta lógica que debemos hacernos,
si realmente las reformas no sirven a los intereses de la población
trabajadora -la mayoría-, es ¿cuál es el objetivo real de las mismas? o
mejor aún ¿quién se beneficia de la aplicación de estas reformas y a
quienes perjudica?
Para responder a estas preguntas es útil hacer un breve repaso de algunos datos significativos.
Por un lado, los indicadores del desempleo no han
dejado de empeorar desde el inicio de la crisis y las consiguientes
reformas y ajustes laborales, fiscales y presupuestarios. El empleo,
medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
acentúa su decrecimiento interanual lo que supone la reducción en los
últimos 12 meses del número de asalariados en 903.700 empleos netos (del
IV trimestre de 2011 al mismo de 2012). La tasa de paro se establece
según la encuesta de población activa en el 26'02%, esto es 5.965.400
parados y paradas. Tanto el empleo público como el privado presentan
variaciones anuales negativas. El empleo público registra una tasa del
–6,98%, mientras que la ocupación baja a un ritmo del 4,30% en el sector
privado. El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos
en paro se incrementa en 95.800 y se sitúa en 1.833.700. Estos datos
superan todas las previsiones negativas elaboradas hasta el momento. Los
resultados de la política económica y laboral implementada se
encuentran desagregados por comunidades y provincias, siendo algunas
comunidades mucho más afectadas por el desempleo, tales como Andalucía
(36%), Extremadura (35%), Canarias (33%), Castilla La Mancha (30%),
Murcia (30%), Comunitat Valenciana (29%), mientras el resto oscila entre
el 19-23% con la excepción de País Vasco (16%), Navarra (17%) y La
Rioja (18%)6.
Las vías para la destrucción de empleo desde el inicio de la crisis han
sido la finalización de contratos temporales, el despido improcedente y
objetivo por causas económicas, asi como los despidos colectivos que
suman de media alrededor de 6000 despidos mensuales desde 2009 hasta
finales de 2012.
Desde una perspectiva económica, los datos de la
distribución de la renta -entre salarios y beneficios empresariales- son
clarificadores para entender el impacto de la crisis y las reformas
asociadas. Los salarios y cotizaciones sociales, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), han pasado de representar el 53% del PIB a
principios de los 80, frente al 41% de los beneficios empresariales, a
solamente el 46% del PIB en 2011 frente al 46'2% de los beneficios
empresariales, superando ya los beneficios a los salarios. Dicho de otra
forma, la renta generada en el Estado español por los asalariados -la
mayoría de la población- ni tan sólo supone una parte mayoritaria de la
renta del país. Los datos más recientes publicados por el INE a mediados
de noviembre de 2012 apuntan a que la tendencia se va a agudizar,
puesto que la remuneración de asalariados ha caído un -5'5% en el tercer
trimestre de 2012 respecto al mismo trimestre del año anterior,
mientras que los beneficios empresariales han incrementado un 2'7% en el
mismo período. Esta tendencia a la caída de los salarios se ha
agudizado en 2012 (caída interanual de los salarios del -2'8% en el
primer trimestre, -5'0% en el segundo y del -5'5% en el tercero)
mientras los beneficios han tenido una tendencia creciente en los
últimos trimestres 6'3% de incremento el II trimestre de 2011 respecto a
2010- aunque desacelerándose en 2012. Esto se explica tanto por la
caída en el numero de empleados como en la reducción media del salario
percibido. Por lo tanto las empresas se están viendo beneficiadas tanto
de la crisis como de las políticas a ella asociadas que promueven
desempleo y reducción salarial.
Incluso el Banco Central Europeo reconocía a
principios de agosto que las reformas laborales provocarían una caída
“acusada” de los salarios en España. De hecho las propias estadísticas
europeas7
señalan que la caída acumulada del salario real per cápita en España
entre 2010 y 2013 rondará el -7'2%. Esto se explica por las caídas en
los salarios reales per cápita desde la aplicación de las políticas de
ajuste con un -2'3% en 2010, -2'3% en 2011 y las estimaciones de -1'6%
en 2012 y -1% en 2013.
Tenemos pues la evidencia de uno de los objetivos
clave de las reformas: bajar salarios para que los empresarios ganen más
y se recupere la tasa de beneficios. Los mecanismos de este proceso son
precisamente rebajar las indemnizaciones por despido y eliminar los
salarios de tramitación, facilitar el mismo para ahorrar salarios que a
menudo las empresas podrían pagar si mantuvieran el empleo, promover una
devaluación de los convenios, inutilizando de facto la negociación
sectorial para promover la de empresa, facilitando su descuelgue -tanto
los regulados en la empresa privada como la administración pública-,
dificultando su renovación -ultraactividad- y dificultando también los
mecanismos automáticos de subida salarial. Precisamente la profundidad
de dichas reformas -sobretodo la de 2012- y el hecho de que tendrán un
mayor impacto en los próximos trimestres, supone que los resultados
estimados puedan ser peores para los intereseses de la clase
trabajadora.
Por otra parte y de forma indirecta, la reducción del
peso de los salarios está provocando una reducción de las cotizaciones a
la seguridad social para desempleo o pensiones, y de los impuestos que
financian servicios públicos como sanidad, servicios sociales o
educación, entre otros8.
A su vez las rentas empresariales y del capital financiero no sólo
contribuyen poco en las cuestiones citadas, sino que ademas se están
viendo beneficiadas de políticas fiscales que refuerzan su poder y sus
beneficios, tales como las amnistías fiscales o los procesos de
privatización en marcha.
Otro de los objetivos, desde una
perspectiva de las relaciones de poder en el mundo del trabajo, es que
las sucesivas reformas buscan debilitar el poder del trabajador y
trabajadora en el mercado de trabajo. Ya sea al incrementar la
precariedad de la contratación, rebajar la indemnización por despido
como al facilitar el mismo y sostener -incrementar- el desempleo
estructural, reduciendo los subsidios de desempleo, endureciendo las
condiciones de acceso a los mismos, como presión añadida.
Por el contrario, se refuerza el poder
de dirección empresarial para ejecutar todo tipo de medidas con la
excusa de las causas económicas y productivas. También se busca
debilitar el poder asociativo -sindical- al dificultar en este contexto
la presión sindical para conseguir mejoras, a la vez que quitan poder
institucional a los sindicatos oficiales con las reformas de la
negociación colectiva.
4.- Conclusiones y vías alternativas
Los objetivos de la política económica y
las reformas laborales, más concretamente la de 2012, es acelerar los
procesos de redistribución de la renta hacia el capital -para que
incremente sus beneficios- forzando la reducción de los salarios con el
consiguiente incremento de la pobreza de una mayoría de la población.
Asimismo, se está forzando deliberadamente el incremento de las tasas de
desempleo hasta limites insostenibles. Desde una perspectiva de las
relaciones de poder en el trabajo, las reformas pretenden debilitar
tanto el poder individual del trabajador o trabajodora (promoviendo la
contratación temporal precaria, reduciendo la indemnización por despido y
promoviendo el sostenimiento de altas tasas de paro) como el poder
colectivo de los sindicatos dificultando la acción sindical en este
contexto.
La aplicación de las recientes reformas
laborales se puede y debe contrarrestar por medio de la acción sindical
con negociación colectiva de empresa y localidad a la que la CNT tiene
acceso con la presión sindical asociada. Las situaciones de
conflictividad elevada y de naturaleza colectiva no son reguladas por la
ley sino por el poder y la fuerza sindical. Las recientes reformas
laborales obligan a las Seccciones Sindicales en las empresas y
administraciones a tener un control más exhaustivo del funcionamiento
económico, productivo y laboral de las mismas para poder combatir las
políticas empresariales de empeoramiento de condiciones y despidos
masivos. Estas cuestiones para la CNT son una reafirmación de los pasos
previos necesarios para la consecución de un control total de las
empresas, las administraciones, y de la economía, promoviendo la
recuperación y cooperativización autogestionada de empresas, una gestión
social de las administraciones, asi como un cambio en el sistema
económico y social.
Por otra parte, el alto nivel de
desempleo exige la formulación de propuestas alternativas. Obviamente
estas propuestas se implementarán en función de la correlación de
fuerzas y de la capacidad de presión para su aplicación, tanto en las
empresas y localidades vía negociación colectiva, como ante las
diferentes estructuras de la administración del Estado. Es necesario
repartir el empleo y la riqueza, por medio de la reducción de la jornada
laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial, eliminando
pluriempleo, horas extra y subcontratas. Respecto al reparto de la
riqueza són necesarios los incrementos salariales lineales que cubran
también la pérdida de poder adquisitivo por la inflación creciente, así
como aumento de la cobertura de la prestación por desempleo, tanto en
período de cobertura como en la cuantía de la prestación. A su vez es
necesaria una cobertura universal de los trabajadores y trabajadoras en
paro, que agoten su prestación o no tengan derecho a ella, mediante un
ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Ello debe ser
financiado recuperando el expolio al que se está sometiendo a la clase
trabajadora con el sistema de impuestos indirectos que convierten a la
clase trabajadora en el contribuyente fundamental beneficiando a los más
poderosos económicamente, proponiendo la aplicación de medidas
destinadas a la consecución de un reparto de la riqueza que penalice las
desproporcionadas rentas y beneficios del Capital.
La elevada tasa de desempleo también
aconseja el impulso de políticas específicas por parte del
anarcosindicalismo para tener un control de la oferta de trabajo y una
articulación de asambleas de parados y paradas. Que se organicen los no
organizados es un reto para poder ejercer la presión social suficiente
con el ánimo de conseguir los objetivos marcados. Junto a ello se debe
intervenir ante el desempleo y la pobreza mediante el impulso de
cooperativas de trabajo y consumo que puedan realizar inversiones
necesarias socialmente. Por último, la coordinación entre sindicatos,
parados y cooperativas puede promover estrategias de desarrollo
economico local que se opongan al neoliberalismo y el capitalismo
estatales.
