Una serie de noticias extraidas del portal empleo.elpais.com
Una serie de noticias extraidas del portal empleo.elpais.com
Báñez ha añadido que "desde el primer momento" el Ejecutivo ha apoyado a los pensionistas y desempleados, y ha hecho reformas con el objetivo de "crecer y crear empleo". Respecto a la reforma laboral, la ministra de Empleo ha destacado que, tras su entrada en vigor, las empresas se plantean "alternativas al despido" y que el porcentaje de trabajadores afectados por despidos colectivos ha bajado del 20 al 14 %.
El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, también ha desmentido hoy que el Gobierno planee anticipar la puesta en marcha del retraso de la edad de jubilación. "El proceso será el que se aprobó en la época del PSOE", ha insistido.
Reunión del PP en Madrid
El PP ha reunido hoy a todos sus presidentes provinciales con los ministros del área económica y social del Gobierno en la sede nacional del partido, en unas jornadas en las que participan el titular de Economía, Luis de Guindos; la de Empleo, Fátima Báñez; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El objetivo de dichas reuniones es transmitir transparencia y explicar de primera mano las reformas que está llevando a cabo el Gobierno tanto a los presidentes regionales como a los agentes sociales o grupos parlamentarios, ha comentado.
De esta forma, ha asegurado, se conseguirá hacer frente al "análisis apocalíptico que la oposición hace de las reformas", medidas que se toman "sin olvidar a los que menos tienen y más dificultades pasan", ha añadido. "Cada día estamos mas confiados en la salida de la crisis más pronto que tarde", ha dicho, gracias a las reformas ejecutadas en consolidación fiscal, mercado laboral, competitividad económica o en el mercado financiero, que buscan deshacer "los nudos que impedían el crecimiento económico".
Una de las disposiciones de la norma que ha aplazado el Gobierno lo obligaba a adoptar medidas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga como mínimo al 60% de la base reguladora. La aplicación de este porcentaje, que elevaría la pensión de numerosas viudas, tendría que aplicarse de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir de enero de 2012.
Reducción de las pensiones de orfandad.A partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, ni al amparo de la legislación especial de guerra. Además, Las pensiones de orfandad de Clases Pasivas ?los huérfanos de funcionarios? en favor de mayores de veintiún años reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 y que se hubieran causado con anterioridad al 3 de agosto de 1984 en el caso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o con anterioridad a 1 de enero de 1985 en otro caso, siempre que sus perceptores no estuvieran incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante, serán incompatibles con la percepción de ingresos por trabajo activo que permita la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con cualesquiera otras rentas o ingresos sustitutivos del salario, según la nueva redacción que se da al artículo 58 de la ley de Clases Pasivas del estado. Los afectados por este cambio normativo dispondrán de dos meses para elegir entre la pensión de orfandad o las rentas adicionales. "Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión".
Limitado el acceso a la judicatura. El Gobierno limita la oferta de empleo público para la carrera judicial y fiscal a un máximo de 50 plazas, según la Disposición Adicional Decimocuarta. En España hay algo menos de 5.000 jueces por lo que las plazas ofertadas serían inferior al 1% del total. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, reclamaron hace dos semanas que no se les congelara la convocatoria de plazas de jueces y fiscales por ser "tan necesarias para el servicio a los ciudadanos".
No más contratos laborales en el sector público. Las empresas públicas y fundaciones del sector público estatal no podrán realizar nuevas contrataciones, salvo que se trate de personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local".
Adiós a los vuelos gratis para los funcionarios en el exterior. Los empleados de la Administración pública destinados en el extranjero no tendrán derecho a vuelos gratuitos. El Gobierno suspende la ampliación del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, por el que sufragaban cada dos años a estos trabajadores públicos expatriados un vuelo gratis de ida y vuelta para él y su familia al destino elegido de España con motivo de sus vacaciones.
Se suspenden los acuerdos de subidas de sueldo. El Gobierno ya anunció que congelaba el sueldo a los cerca de 547.000 funcionarios, personal laboral, eventuales y el resto de trabajadores de la Administración pública. También congela el sueldo a los altos cargos y resto de personal de las mutuas de la Seguridad Social, según la Disposición Adicional undécima. Además se suspenden los convenios y pactos laborales que conlleven subidas de sueldos, complementos u otras partidas que eleven el gasto de personal del Estado.
Menos recursos para exposiciones en el Thyssen. El museo Thyssen Bornemisza tampoco se libra de los recortes. El límite máximo de los recursos para las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España será como máximo de 400 millones de euros, frente a los 541 millones de euros presupuestados en 2012.
La Iglesia recibe el mismo dinero mensual pero más anual. La Iglesia se congela las entregas a cuenta. En 2013, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia católica 13,2 millones de euros a cuenta de la cantidad que le asigna por el acuerdo de financiación entre el Estado y la Iglesia, la misma cantidad que en 2012. No obstante, la asignación tributaria a la iglesia católica recogida en las previsiones del IRPF aumentan hasta los 249,2 millones, 3,2 millones más que el año actual.
Se congela el salario mínimo.El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la referencia para calcular las prestaciones y ayudas sociales, se fija para 2013 en 6.390,13 euros anuales (532,51 mensuales), la misma cantidad que el año anterior.
Montoro endurece su control para las comunidades. Las comunidades que incumplan el objetivo de estabilidad (regla de gasto o déficit público) deberán contar con autorización del Ministerio de Hacienda para suscribir convenios que conlleven "transferencia de recursos del sector público estatal". De esta forma, Hacienda podrá paralizar fondos a las comunidades que no cumplan con los objetivos del déficit.
Fondo de Cohesión Sanitaria. Se compensará a las comunidades por la asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España.
La reducción de gasto se explica por el decreto con el que el Gobierno bajó la prestación a los parados a partir del sexto mes
Gracias a ellas menguará el número de beneficiarios. En el proyecto presupuestario no se contempla una rebaja importante del número de beneficiarios por prestaciones, la parte contributiva del desempleo. En cambio, sí que cae significativamente la cantidad de parados que percibirán los subsidios (de 1,3 millones el pasado julio a un millón en 2013) y la renta activa de inserción (de 233.857 beneficiarios a 155.000).
El recorte en el gasto en prestaciones también llega, explica Hacienda, porque los Presupuestos acaban con las ayudas públicas a los ERE de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada. Desde 2009, cuando un asalariado perdía temporalmente su empleo o trabajaba menos horas y pasaba a cobrar prestación, veía como se le reponía el derecho consumido con un límite de 180 días si era despedido finalmente. El proyecto de Presupuestos pone fin a estas ayudas.
A pesar de estas medidas, los números oficiales contrastan con las previsiones que maneja el propio Gobierno sobre el mercado laboral en 2013, que avanzan que la destrucción de puestos de trabajo continuará. En concreto, Hacienda pronostica una caída del 0,3% de los empleos a tiempo completo. Estas cifras, con ser malas, son más optimistas que las de los servicios de estudios privados y los organismos internacionales. Si al final la realidad se acerca más a las predicciones de estos últimos, será fácil que las cuentas oficiales del desempleo, acaben incumpliéndose, algo que ya sucede este mismo año.
Otra partida del Ministerio de Empleo que sufrirá un tajo considerable será la que atañe a las políticas activas. A pesar de la crudeza con la que la crisis se ceba en el mercado laboral, los recursos destinados a ayudar a los parados a encontrar un trabajo caerán un 34,6%, hasta los 3.771 millones. Desde que Fátima Báñez se hizo cargo de la cartera de Empleo, esta partida ha menguado considerablemente: en 2011 el dinero destinado a ella fue de 7.329 millones. Detrás de esta drástica reducción también se encuentra el decreto de recortes de julio, que acabó con la mayoría de las bonificaciones a la contratación.
Pero si hay un capítulo destacado del Ministerio que dirige Báñez, es el de la Seguridad Social. Es decir, las pensiones. Este capítulo crece en muchos apartados (pensiones, incapacidad temporal o prestaciones familiares).
La partida de políticas activas cae un 34,6%, hasta los 3.771 millones
Según los cálculos de Hacienda, el mayor número de jubilados, el crecimiento de la pensión media y la subida de un 1%, provocarán que el gasto total de pensiones contributivas aumente el año que viene hasta los 106.350 millones, un 4,3% más que lo presupuestado para este ejercicio. Sin embargo, observando lo que está sucediendo con el gasto real en pensiones este año ?no con lo presupuestado?, que está creciendo muy por encima de lo previsto, puede darse la circunstancia de que en diciembre el gasto anual se sitúe ya muy cerca de esos 106.350 millones, por lo que el incremento presupuestado se antoja insuficiente.
Mucho más crece lo destinado a pagar las pensiones de los funcionarios jubilados, un 8,9%, y las no contributivas, un 24,1%. Esta última partida estaba anclada en los 1.995 millones desde hace años y en 2013 salta a 2.475.
Por el lado de los ingresos, la Seguridad Social espera ingresar un 0,4% menos por cotizaciones sociales (105.863 millones). Está caída llega, casi en exclusiva, por las cuotas sociales de los desempleados, que cae de 10.153 millones a 8.137.
La leve caída de los ingresos procedentes de los afiliados al sistema, se ve compensada con creces por la aportación de los impuestos. Los recursos que transferirá el Estado para hacer frente a las partidas no contributivas a las que tiene que hacer frente la Seguridad Social crecen hasta los 15.598 millones, un 12.2%.
El documento se hace público el mismo día que el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha manifestado que la atención de estas personas "crearía puestos de trabajo" y ha subrayado que por cada dos dependientes graves en un centro residencial se genera un puesto de trabajo, informa Europa Press. El presidente de esta patronal ha recordado, además, que hay más de 200.000 dependientes graves que todavía no reciben ninguna prestación al tiempo que ha destacado la "grave situación" por la que atraviesa las empresas del sector.
"Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto", ha manifestado Antonio Jiménez Lara, uno de los autores del informe y colaborador del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Según el estudio, España se encuentra por debajo de la media europea en cuidados sociales y necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia para ponerse al día.
Para Jiménez Lara la ley de la dependencia está "herida de gravedad" y con respiración asistida, en referencia a los recortes del presupuesto al sector de servicios sociales y la reforma de la norma aprobada este verano por el Ejecutivo que incluye el aplazamiento de la atención a las personas de dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores, que pagaba el Gobierno.
Uno de los problemas, reconocen los autores, es la identificación y clasificación de los servicios que se prestan en el ámbito de la atención a la dependencia para poder cuantificar la llamada economía social dentro de los servicios sociales. El sector de los servicios sociales ha sido el único que ha generado empleo según los datos del INE y la Encuesta de Población Activa (EPA)
Los autores del documento La economía social y la atención a la dependencia entienden que actualmente los subsidios a la dependencia se han convertido en una renta más que entra a las familias, especialmente en épocas de crisis, lo que consideran un uso abusivo de la ley que ha perjudicado a las empresas que gestionan residencias, centros de días u otros servicios. Sin embargo, conciben que es lo normal, porque generalmente los mayores se sienten más cómodos con sus familiares que con desconocidos, al igual que muchos usuarios pueden sentir aprehensión a que un desconocido vaya a su casa.
Según Ángel Rodríguez Castedo, coautor del estudio, las medidas actuales reflejan que el Gobierno considera que los ajustes y recortes del gasto son la única vía para superar la crisis. El exdirector del IMSERSO considera "sorprendente", que no se incluya en la agenda política y social la creación de un pacto por el crecimiento y el empleo. "¿Qué más tiene que pasar para que se aborde la economía social de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal?", cuestiona Castedo.
El Gobierno dice que no anticipará la aplicación de la jubilación a los 67 años
Fátima Báñez dice que se hará de forma progresiva, hasta 2027, tal y como lo aprobó el PSOE
EFE / ElPaís
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha
asegurado hoy que el Gobierno "no va a acelerar el retraso de la edad
legal de jubilación" de los 65 a los 67 años, una elevación que, según
la reforma de las pensiones aprobada el año pasado, se hará gradualmente
hasta 2027. Durante su intervención en una reunión con presidentes
provinciales e insulares del PP, Báñez ha abogado por "el envejecimiento
activo de la población" mediante incentivos a la permanencia voluntaria
en el mercado de trabajo, para que la edad real de jubilación se
acerque a la legal.
En este sentido, ha dicho que llevarán "esta gran reforma" al
Parlamento en los próximos meses y ha insistido en el "riguroso respeto"
del Gobierno al Pacto de Toledo. La ministra ha recordado que en 2012
se revalorizaron las pensiones y ha avanzado que en los Presupuestos
Generales del Estado para 2013 "los pensionistas seguirán siendo una
prioridad".Báñez ha añadido que "desde el primer momento" el Ejecutivo ha apoyado a los pensionistas y desempleados, y ha hecho reformas con el objetivo de "crecer y crear empleo". Respecto a la reforma laboral, la ministra de Empleo ha destacado que, tras su entrada en vigor, las empresas se plantean "alternativas al despido" y que el porcentaje de trabajadores afectados por despidos colectivos ha bajado del 20 al 14 %.
El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, también ha desmentido hoy que el Gobierno planee anticipar la puesta en marcha del retraso de la edad de jubilación. "El proceso será el que se aprobó en la época del PSOE", ha insistido.
Reunión del PP en Madrid
El PP ha reunido hoy a todos sus presidentes provinciales con los ministros del área económica y social del Gobierno en la sede nacional del partido, en unas jornadas en las que participan el titular de Economía, Luis de Guindos; la de Empleo, Fátima Báñez; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El objetivo de dichas reuniones es transmitir transparencia y explicar de primera mano las reformas que está llevando a cabo el Gobierno tanto a los presidentes regionales como a los agentes sociales o grupos parlamentarios, ha comentado.
De esta forma, ha asegurado, se conseguirá hacer frente al "análisis apocalíptico que la oposición hace de las reformas", medidas que se toman "sin olvidar a los que menos tienen y más dificultades pasan", ha añadido. "Cada día estamos mas confiados en la salida de la crisis más pronto que tarde", ha dicho, gracias a las reformas ejecutadas en consolidación fiscal, mercado laboral, competitividad económica o en el mercado financiero, que buscan deshacer "los nudos que impedían el crecimiento económico".
Los recortes en las cuentas públicas para 2013 afectan a viudas y huérfanos
El Gobierno suprime los vuelos gratis para los funcionarios en el extranjero
Jesús Sérvulo González
La austeridad impregna el Proyecto de Presupuestos para 2013.
El Gobierno ha reducido el coste de funcionamiento de todos los
ministerios y ha cerrado el grifo a inversiones y otros proyectos. Pero
la poda en las cuentas públicas se ha extendido a las partidas que
contienen las ayudas para viudas y los huérfanos, para los trabajadores
públicos y las empresas y fundaciones estatales entre otros.
Recortes a viudas. El Gobierno aplaza la aplicación de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización
del Sistema de Seguridad Social, según la Disposición Adicional
Sexagésimo del proyecto de Presupuestos para 2013. Al retrasar la
entrada en vigor de esta norma frena la mejora de las ayudas a las
viudas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública.Una de las disposiciones de la norma que ha aplazado el Gobierno lo obligaba a adoptar medidas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga como mínimo al 60% de la base reguladora. La aplicación de este porcentaje, que elevaría la pensión de numerosas viudas, tendría que aplicarse de forma progresiva en un plazo de ocho años a partir de enero de 2012.
Reducción de las pensiones de orfandad.A partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, no se efectuarán nuevos reconocimientos de pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, ni al amparo de la legislación especial de guerra. Además, Las pensiones de orfandad de Clases Pasivas ?los huérfanos de funcionarios? en favor de mayores de veintiún años reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984 y que se hubieran causado con anterioridad al 3 de agosto de 1984 en el caso del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o con anterioridad a 1 de enero de 1985 en otro caso, siempre que sus perceptores no estuvieran incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante, serán incompatibles con la percepción de ingresos por trabajo activo que permita la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, así como con cualesquiera otras rentas o ingresos sustitutivos del salario, según la nueva redacción que se da al artículo 58 de la ley de Clases Pasivas del estado. Los afectados por este cambio normativo dispondrán de dos meses para elegir entre la pensión de orfandad o las rentas adicionales. "Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión".
Limitado el acceso a la judicatura. El Gobierno limita la oferta de empleo público para la carrera judicial y fiscal a un máximo de 50 plazas, según la Disposición Adicional Decimocuarta. En España hay algo menos de 5.000 jueces por lo que las plazas ofertadas serían inferior al 1% del total. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, reclamaron hace dos semanas que no se les congelara la convocatoria de plazas de jueces y fiscales por ser "tan necesarias para el servicio a los ciudadanos".
No más contratos laborales en el sector público. Las empresas públicas y fundaciones del sector público estatal no podrán realizar nuevas contrataciones, salvo que se trate de personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local".
Adiós a los vuelos gratis para los funcionarios en el exterior. Los empleados de la Administración pública destinados en el extranjero no tendrán derecho a vuelos gratuitos. El Gobierno suspende la ampliación del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, por el que sufragaban cada dos años a estos trabajadores públicos expatriados un vuelo gratis de ida y vuelta para él y su familia al destino elegido de España con motivo de sus vacaciones.
Se suspenden los acuerdos de subidas de sueldo. El Gobierno ya anunció que congelaba el sueldo a los cerca de 547.000 funcionarios, personal laboral, eventuales y el resto de trabajadores de la Administración pública. También congela el sueldo a los altos cargos y resto de personal de las mutuas de la Seguridad Social, según la Disposición Adicional undécima. Además se suspenden los convenios y pactos laborales que conlleven subidas de sueldos, complementos u otras partidas que eleven el gasto de personal del Estado.
Menos recursos para exposiciones en el Thyssen. El museo Thyssen Bornemisza tampoco se libra de los recortes. El límite máximo de los recursos para las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España será como máximo de 400 millones de euros, frente a los 541 millones de euros presupuestados en 2012.
La Iglesia recibe el mismo dinero mensual pero más anual. La Iglesia se congela las entregas a cuenta. En 2013, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia católica 13,2 millones de euros a cuenta de la cantidad que le asigna por el acuerdo de financiación entre el Estado y la Iglesia, la misma cantidad que en 2012. No obstante, la asignación tributaria a la iglesia católica recogida en las previsiones del IRPF aumentan hasta los 249,2 millones, 3,2 millones más que el año actual.
Se congela el salario mínimo.El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), la referencia para calcular las prestaciones y ayudas sociales, se fija para 2013 en 6.390,13 euros anuales (532,51 mensuales), la misma cantidad que el año anterior.
Montoro endurece su control para las comunidades. Las comunidades que incumplan el objetivo de estabilidad (regla de gasto o déficit público) deberán contar con autorización del Ministerio de Hacienda para suscribir convenios que conlleven "transferencia de recursos del sector público estatal". De esta forma, Hacienda podrá paralizar fondos a las comunidades que no cumplan con los objetivos del déficit.
Fondo de Cohesión Sanitaria. Se compensará a las comunidades por la asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a España.
Las restricciones para cobrar el paro hacen bajar la factura del desempleo
El gasto en prestaciones se reduce un 6,3% pese a la mala situación del mercado laboral
Manuel V. Gómez
Los efectos de los recortes de julio tendrán mucho impacto en
las cuentas de 2013, sobre todo en las del Ministerio de Empleo. Se
notarán en el gasto de protección contra el paro; los sufrirán las
políticas activas de empleo e, incluso, tendrán efecto en las arcas de
la Seguridad Social, que verán mermada su recaudación. Y pese a ello, el
Gobierno no facilita una sola previsión sobre si el conjunto de la
Seguridad Social (sistema de pensiones, protección por desempleo y Fondo
de Garantía Salarial) cerrará el próximo año con déficit o superávit.
Calcula el Gobierno que pagar las prestaciones y subsidios de los
parados el año que viene le costará 26.696 millones, un 6,3% menos que
lo presupuestado en 2012. "Esta disminución obedece, principalmente, al
impacto de las medidas", analiza el proyecto de Presupuestos, en
referencia al decreto de julio. Aquellas medidas reducían la prestación a
los parados a partir del sexto mes y endurecían mucho el acceso a las
pagas asistenciales (subsidio y renta activa de inserción).La reducción de gasto se explica por el decreto con el que el Gobierno bajó la prestación a los parados a partir del sexto mes
Gracias a ellas menguará el número de beneficiarios. En el proyecto presupuestario no se contempla una rebaja importante del número de beneficiarios por prestaciones, la parte contributiva del desempleo. En cambio, sí que cae significativamente la cantidad de parados que percibirán los subsidios (de 1,3 millones el pasado julio a un millón en 2013) y la renta activa de inserción (de 233.857 beneficiarios a 155.000).
El recorte en el gasto en prestaciones también llega, explica Hacienda, porque los Presupuestos acaban con las ayudas públicas a los ERE de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada. Desde 2009, cuando un asalariado perdía temporalmente su empleo o trabajaba menos horas y pasaba a cobrar prestación, veía como se le reponía el derecho consumido con un límite de 180 días si era despedido finalmente. El proyecto de Presupuestos pone fin a estas ayudas.
A pesar de estas medidas, los números oficiales contrastan con las previsiones que maneja el propio Gobierno sobre el mercado laboral en 2013, que avanzan que la destrucción de puestos de trabajo continuará. En concreto, Hacienda pronostica una caída del 0,3% de los empleos a tiempo completo. Estas cifras, con ser malas, son más optimistas que las de los servicios de estudios privados y los organismos internacionales. Si al final la realidad se acerca más a las predicciones de estos últimos, será fácil que las cuentas oficiales del desempleo, acaben incumpliéndose, algo que ya sucede este mismo año.
Otra partida del Ministerio de Empleo que sufrirá un tajo considerable será la que atañe a las políticas activas. A pesar de la crudeza con la que la crisis se ceba en el mercado laboral, los recursos destinados a ayudar a los parados a encontrar un trabajo caerán un 34,6%, hasta los 3.771 millones. Desde que Fátima Báñez se hizo cargo de la cartera de Empleo, esta partida ha menguado considerablemente: en 2011 el dinero destinado a ella fue de 7.329 millones. Detrás de esta drástica reducción también se encuentra el decreto de recortes de julio, que acabó con la mayoría de las bonificaciones a la contratación.
Pero si hay un capítulo destacado del Ministerio que dirige Báñez, es el de la Seguridad Social. Es decir, las pensiones. Este capítulo crece en muchos apartados (pensiones, incapacidad temporal o prestaciones familiares).
La partida de políticas activas cae un 34,6%, hasta los 3.771 millones
Según los cálculos de Hacienda, el mayor número de jubilados, el crecimiento de la pensión media y la subida de un 1%, provocarán que el gasto total de pensiones contributivas aumente el año que viene hasta los 106.350 millones, un 4,3% más que lo presupuestado para este ejercicio. Sin embargo, observando lo que está sucediendo con el gasto real en pensiones este año ?no con lo presupuestado?, que está creciendo muy por encima de lo previsto, puede darse la circunstancia de que en diciembre el gasto anual se sitúe ya muy cerca de esos 106.350 millones, por lo que el incremento presupuestado se antoja insuficiente.
Mucho más crece lo destinado a pagar las pensiones de los funcionarios jubilados, un 8,9%, y las no contributivas, un 24,1%. Esta última partida estaba anclada en los 1.995 millones desde hace años y en 2013 salta a 2.475.
Por el lado de los ingresos, la Seguridad Social espera ingresar un 0,4% menos por cotizaciones sociales (105.863 millones). Está caída llega, casi en exclusiva, por las cuotas sociales de los desempleados, que cae de 10.153 millones a 8.137.
La leve caída de los ingresos procedentes de los afiliados al sistema, se ve compensada con creces por la aportación de los impuestos. Los recursos que transferirá el Estado para hacer frente a las partidas no contributivas a las que tiene que hacer frente la Seguridad Social crecen hasta los 15.598 millones, un 12.2%.
La Ley de Dependencia puede generar más de 600.000 empleos
España, está por debajo de la media europea en atención a la dependencia, según un informe de la Fundación Alternativas
Maryem Castillo
La Ley de Dependencia puede generar más de 600.000 empleos
antes de 2015, según un informe de la Fundación Alternativas. "No hay
otro sector donde se pueda conseguir un crecimiento tan rápido y con tan
poca inversión" asegura Ángel Rodríguez Castedo, uno de los autores del
estudio. El documento arguye que se puede conseguir hasta 300.000
empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros al año,
una cifra que consideran poca, comparada "por ejemplo con los más de
34.000 millones destinados a financiar Bankia".
Los autores defienden que los servicios a personas con dependencia
ofrecen oportunidades de empleos a los jóvenes que buscan su primer
empleo y a los desempleados con mayores dificultades de inserción.El documento se hace público el mismo día que el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha manifestado que la atención de estas personas "crearía puestos de trabajo" y ha subrayado que por cada dos dependientes graves en un centro residencial se genera un puesto de trabajo, informa Europa Press. El presidente de esta patronal ha recordado, además, que hay más de 200.000 dependientes graves que todavía no reciben ninguna prestación al tiempo que ha destacado la "grave situación" por la que atraviesa las empresas del sector.
"Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto", ha manifestado Antonio Jiménez Lara, uno de los autores del informe y colaborador del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Según el estudio, España se encuentra por debajo de la media europea en cuidados sociales y necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia para ponerse al día.
Para Jiménez Lara la ley de la dependencia está "herida de gravedad" y con respiración asistida, en referencia a los recortes del presupuesto al sector de servicios sociales y la reforma de la norma aprobada este verano por el Ejecutivo que incluye el aplazamiento de la atención a las personas de dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores, que pagaba el Gobierno.
Uno de los problemas, reconocen los autores, es la identificación y clasificación de los servicios que se prestan en el ámbito de la atención a la dependencia para poder cuantificar la llamada economía social dentro de los servicios sociales. El sector de los servicios sociales ha sido el único que ha generado empleo según los datos del INE y la Encuesta de Población Activa (EPA)
Los autores del documento La economía social y la atención a la dependencia entienden que actualmente los subsidios a la dependencia se han convertido en una renta más que entra a las familias, especialmente en épocas de crisis, lo que consideran un uso abusivo de la ley que ha perjudicado a las empresas que gestionan residencias, centros de días u otros servicios. Sin embargo, conciben que es lo normal, porque generalmente los mayores se sienten más cómodos con sus familiares que con desconocidos, al igual que muchos usuarios pueden sentir aprehensión a que un desconocido vaya a su casa.
Según Ángel Rodríguez Castedo, coautor del estudio, las medidas actuales reflejan que el Gobierno considera que los ajustes y recortes del gasto son la única vía para superar la crisis. El exdirector del IMSERSO considera "sorprendente", que no se incluya en la agenda política y social la creación de un pacto por el crecimiento y el empleo. "¿Qué más tiene que pasar para que se aborde la economía social de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal?", cuestiona Castedo.
