11.000 millones en privilegios económicos para la Iglesia Católica
A
continuación ponemos el dinero que el Estado regala a la Iglesia
Católica, comparado con los recortes sociales que se han hecho. Datos
sacados del periódico "Tierra y libertad"
249 millones asignación IRPF:
La famosa casilla de la declaración de hacienda no es una cantidad
adicional que paga quien la marca, se quita de las inversiones en lo
público y se dedica a la financiación del culto relugioso.
80 millones la casilla otros fines del IRPF: Va a diferentes proyectos de instituciones católicas.
2.000 millones sin impuestos: Es el ahorro por la exesión del pago de impuestos (IBI), el de patrimonio, licencia de otras obras, etc.
4.600 millones en profesores y conciertos:
Dinero que recibe del Estado para pagar a los 16.000 profesores de
religión de los colegios públicos y financiar centros concertados.
3.200 millones atención sanitaria:
Para financiar tanto dispensarios y centros para transeuntes, como
hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas.
25 millones en funcionarios: El sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles.
500 millones en monumentos: Dinero que reciben para financiar las labores de patrimonio artístico, propiedad de la iglesia.
290 millones en eventos: Subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local.
TOTAL: 11.000 millones
RECORTES QUE SE HAN HECHO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Educación: 2.840 millones
Sanidad: 4.254 millones
Pensiones: 1.500 millones
Servicios sociales: 2515 millones
Vivienda: 1.209 millones
TOTAL: 12.318 millones
En
este periodo de crisis económica que nos ha tocado vivir, protagonizado
por los continuos recortes que afectan al estado del bienestar y que
llevamos presenciando los últimos años, denunciamos como la iglesia
recibe anualmente de las arcas públicas 11.000 millones de euros.
NINGÚN PRIVILEGIO PARA LA IGLESIA, DE NUESTROS IMPUESTOS A LAS IGLESIAS CERO.
En
España, en particular la Iglesia católica siendo financiada
públicamente por parte de todas las administraciones del Estado, a pesar
del compromiso de autofinanciación acordado hace más de tres décadas.
En
pleno siglo XXI, donde el racionalismo debería ser la voz imperante en
la sociedad, vemos como se sufraga con dinero público las creencias
religiosas de una parte de la población en detrimiento del resto.
En
lugar de que la religión forme parte única y exclusivamente del ámbito
privado de las personas, existe un favoritismo y una discriminación por
parte del Estado.
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