os dejamos unas noticias extraidas de empleo.elpais.com
Guía definitiva para saber cómo afectará a la economía familiar el aumento del IVA
El 90% de la cesta de la compra de la familias se encarecerá en septiembre
Solo los productos que aplican un IVA del 4% (alimentos frescos o medicamentos) no se verán afectados por la subida aprobada por el Gobierno. El resto, que supone en torno al 90% del gasto de las familias, aumentará y reducirá sensiblemente la renta disponible de los españoles.
J. Viñas - Madrid - 20/07/2012 - 07:00
Hacer la compra en el supermercado, ir al cine, tomar una cerveza,
pedir comida a domicilio, abrir el grifo, llamar por teléfono, llenar el
depósito del coche o poner una lavadora. Las mayoría de bienes y
servicios que una persona compra con asiduidad será más caro o mucho más
caro a partir del primero de septiembre. En ese momento, el IVA
reducido aumentará del 8% al 10% y el general pasará del 18% al 21%.
Además, productos como el servicio de peluquería, las funerarias o las
flores aplicarán el gravamen general en lugar del reducido como hasta
ahora. Para una familia, el incremento del IVA supondrá entre 500 y 600
euros más al año. El 90% de la cesta de la compra se encarecerá. Estos
son los productos que se verán más afectados por el incremento
impositivo:-ALIMENTOS: Cada hogar destina a la compra de comida unos 4.000 euros al año, el 14,3% de su presupuesto de gasto total, según los datos del INE. Los productos frescos -hortalizas, verduras, legumbres u hortalizas-, así como el pan, la leche y los huevos tributan al tipo superreducido del 4%, que se mantiene invariable. Sin embargo, los productos elaborados pasan del 8% al 10%. No siempre resulta fácil saber qué tipo aplica cada bien. Por ejemplo, el requesón es calificado como un producto no elaborado y tributa al 4% y el queso de Burgos lo hace al 8%, por lo que pasará al 10%. El incremento del IVA encarecerá unos 37 euros la compra.
- VIVIENDA: El IVA se aplica solo sobre la vivienda nueva, la de segunda mano se grava con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, de competencia autonómica. Según el Banco de España, un asalariado destina el 30% de su renta a pagar su hipoteca. Hasta finales de este año, la vivienda tributa al 4% y en enero pasará al 10%. Es decir, una casa de 300.000 euros cuesta 312.000 con el IVA del 4%. En enero, el precio ascenderá a 330.000 euros, 18.000 euros más. Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto las inmobiliarias tendrán capacidad para trasladar a precios ese incremento ante la atonía de la demanda. Por otra parte, el IVA se paga de una vez y, por tanto, quien ya compró su piso no le afectará el incremento. La vivienda nueva de protección oficial seguirá tributando al 4%.
- LAS FACTURAS DEL HOGAR: Las facturas periódicas que reciben los ciudadanos cada mes por la luz, el agua o el teléfono también se encarecerán. La electricidad, el gas natural o el teléfono tributan al tipo general, que aumenta del 18% al 21%. Por ejemplo, según los datos del INE, en teléfono, cada español gasta 907 euros al año. La electricidad, sin tener en cuenta las medidas para recortar el déficit de tarifa, pasará de 734 euros al año a 752 euros. La subida es de un 2,5%. En cambio, el agua aplica el reducido y, por lo tanto, la factura se encarecerá un 1,8%.
Un aspecto importante es que el IVA se aplica en el momento de emitirse la factura con independencia de cuándo se produzca el consumo. ¿Qué significa esto? Pues que las facturas de septiembre de agua, luz, teléfono o electricidad que reflejan el gasto de julio y agosto ya incluirán el aumento impositivo. Si el IVA hubiera bajado, el beneficio sería para el consumidor. Sin embargo, nunca se ha reducido el tipo desde que se introdujo el impuesto en 1986.
- TURISMO: El término IVA turístico se refiere al gravamen que se aplica a hoteles, restaurantes y bares. A pesar de su nombre, afecta por igual al alemán que veranea en la Costa Brava que al mecánico de Móstoles que come de menú en el bar de la esquina. Estos servicios aplican el IVA reducido del 8% y pasarán al 10%. Es decir, entrar en un bar y pedir una cerveza será más caro. Cada español se deja al año 914,6 euros en las cajas registradoras de bares y restaurantes, cifra que alcanzará los 931 euros. Un menú de 10 euros debería costar 10,17 euros. Será el empresario quien decidirá si puede elevar el precio o si mantiene la tarifa antigua y asume la pérdida.
Antes de julio de 2010, el IVA en restaurantes y bares era del 7%. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo subió al 8% y el Gobierno de Rajoy lo acaba de elevar al 10%. Francia siguió el camino contrario. En 2009 aplicaba un IVA a la restauración del 19,6%, gravamen que actualmente se sitúa en el 7%. Es decir, cenar en París es más barato en términos fiscales que hacerlo en Madrid, Barcelona o Albacete.
-CULTURA: Ir al cine, al teatro o a un museo implica pagar un IVA reducido del 8%. Sin embargo, estos servicios pasarán a formar parte del listado de bienes que se regirán por el tipo general y, por lo tanto, aplicarán un IVA del 21%. La decisión del Ejecutivo sorprende porque la capacidad recaudatoria de esta medida es muy limitada y supone apartarse de la tendencia de buena parte de los países de la zona euro. El gasto por persona en museos no llega a tres euros anuales. En el caso del cine o el teatros alcanza los 40 euros. Ver Batman este fin de semana en los cines Princesa de Madrid cuesta ocho euros, precio que, en caso de imputar la subida del IVA al 21% pasará a 8,96 euros.
España se convertirá así en uno de los países donde resultará más caro acceder a un cine o un teatro. La mayoría de Estados miembros aplica a estos servicios un gravamen reducido.
Pese a que muchos creen que las entradas a los toros tributan a tipos reducidos, la realidad es que siempre lo han hecho al general y, por lo tanto, aplicarán el 21%.
Los libros y los periódicos se han salvado del aumento fiscal y seguirán tributando al tipo superreducido del 4%. La polémica, en este caso, proviene de los e-books, que aplican el tipo general y pasarán del 18% al 21%. Si bien ello parece un sinsentido, Bruselas es contundente en este aspecto y ha abierto un proceso sancionador contra Francia y Luxemburgo por rebajar la fiscalidad de los libros electrónicos para equipararlos al papel.
-TRANSPORTE: El acto de coger un taxi, subir a un avión, viajar en tren o entrar en el metro también será más caro en septiembre. Todas estas actividades aplican el IVA reducido del 8% y se mantienen en el mismo grupo, lo que significa que tributarán al 10%. La mayoría de comunidades y ayuntamientos ha subido el transporte público (bus o metro) en los últimos años de crisis para sanear sus cuentas y probablemente lo vuelvan a hacer en septiembre. El tique de 10 viajes del metro de Madrid cuesta en la actualidad 12 euros, precio que debería subir a 12,22. En estos casos, habrá que esperar a conocer el redondeo que aplicarán los gestores públicos.
En billetes de avión, cada español gasta de media 35 euros al año, mientras que los abonos transportes que gestionan comunidades y ayuntamientos ascienden a 32,8 euros.
-COCHES Y GASOLINA: Repostar en la gasolinera suele representar más del 4% del presupuesto de un hogar al año. La gasolina tributa al 18% y aumentará al 21%. Cada familia gasta 1.313 euros al año en carburantes y, con el incremento impositivo, la cifra ascenderá a 1.337 euros. Sin embargo, el coste total puede ser incluso mayor. El Gobierno ya trabaja en un anteproyecto de ley para establecer nuevos recargos impositivos al combustible. Así, la subida del IVA es solo una parte del futuro e inminente encarecimiento que sufrirán todos los combustibles.
Por otra parte, los medios de transporte, desde un triciclo o una bicicleta hasta un utilitario o coche de lujo, aplican el gravamen general del 18% y, por tanto, tributarán al 21% en septiembre. Un automóvil de 18.000 euros se encarecerá hasta los 20.166 euros. En cualquier caso, en este tipo de gastos tan elevados es recomendable optar por la prudencia. Es posible que, ante la atonía de la demanda, un coche nuevo a finales del próximo año cueste menos que antes del aumento del IVA.
-ROPA: Las familias gastan el 5,6% de su presupuesto en ropa y calzado, que tributan al 18%. Ello supone casi 1.676 euros anuales. Si bien algunas compañías aseguran que no trasladarán el incremento del IVA al precio, lo más probable es que tarde o temprano el aumento impositivo encarezca los productos. La ropa de bebés, que distintas asociaciones pedían que se incluyera entre los productos con IVA reducido, seguirá tributando al tipo general. Lo mismo sucede con productos de aseo como los pañales. En cambio, las compresas para mujer seguirán con el gravamen reducido.
-BIENES DE LUJO: Cuando un Gobierno sube el IVA, siempre aparecen voces reclamando que se recupere el llamado IVA del lujo, que en España se aplicó hasta 1991. Este gravamen, apuntan, afectaría a yates, joyas de gran valor o automóviles de alta gama. Sin embargo, la directiva europea impide tomar una medida en este sentido. La norma dice claramente que, con carácter general, los Estados miembros pueden aplicar dos tipos de IVA, uno general y otro reducido. Se permitieron ciertas excepciones. España o Francia tienen la potestad para mantener un tercer gravamen superreducido. En ningún caso es posible establecer un tipo por encima del general. No obstante, la compra de obras de arte, que aplicaban el tipo reducido del 8%, pasarán a tributar al 21%. Lo mismos sucede con las peluquerías o las flores.
La negociación de convenios cae al mínimo tras la reforma laboral
Trabajadores y empresarios solo han acordado 1.113 pactos hasta junio
Manuel V. Gómez
El año comenzó con buenos augurios para los convenios. Poco antes de acabar 2011, los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE llegaron a un acuerdo para desbloquear la negociación colectiva pendiente de años anteriores. Y en enero pactaron recomendar la congelación de salarios en 2012 y 2013, la inclusión de árbitros para resolver los conflictos laborales y mantener la jerarquía de los convenios sectoriales sobre los firmados en las empresas. Pero apenas unos días después la reforma laboral cambió el escenario: invirtió la jerarquía de los convenios pactada y, sobre todo, limitó la prórroga de los convenios caducados, hasta ahora indefinida, a dos años (el trámite parlamentario lo redujo a uno).
"Se está juntando la agudización de la crisis y la reforma", explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, "allí donde la patronal no quiere tener convenio, la negociación no avanza. Sin embargo, hay sitios donde se ha pactado mantener la ultraactividad [la prórroga indefinida]".
Las crisis y las reformas ?sobre todo las impuestas sin pacto entre sindicatos y empresarios? suelen frenar la negociación colectiva. La serie histórica lo demuestra. En 1994 la crisis de los noventa estaba en su momento álgido y el Gobierno de Felipe González impulsó una reforma profunda de los convenios sin contar con la opinión de los agentes sociales.
Tampoco ha jugado a favor de la firma y renovación de convenios la incertidumbre intrínseca a todo trámite parlamentario. Y esta ?con la reducción de la prórroga a un año? afecta más a los convenios no renovados que a los nuevos. Según un informe interno de UGT, en junio había 292 convenios que afectan a más de 500 trabajadores pendientes de renovar. Para ellos, con la publicación de la reforma laboral definitiva en el BOE el pasado 7 de julio, comenzó una cuenta atrás que acabará justo un año después, cuando se agotará la prórroga.
La tesis del Ministerio de Empleo dice que la limitación a un año de esta prórroga no tiene por qué afectar a las negociaciones. Según sus cálculos, el plazo medio en el que se pactan los convenios nuevos es de siete meses. Y además esgrime que cuando un convenio decae, no solo pierde el trabajador, también lo hace el empresario: un convenio prorrogado no tiene vigente su código disciplinario ni la actualización de tablas salariales. "Una empresa sin convenio es ingobernable", ha declarado el director general de Empleo, Xavier Thibault.
Lo que también ratifican las cifras de la negociación de convenios es su lentitud a la hora de adaptarse a la coyuntura. Pese a la recesión y la recrudecida destrucción de empleo, los salarios pactados subían hasta junio un 1,83% (poco menos que los precios, 1,9%). No obstante, hay que tener en cuenta que ese aumento medio se debe al incremento pactado en los convenios con una vigencia superior al año (1,98%). En los convenios nuevos firmados en 2012 (211), la subida queda en el 0,98%.
El Gobierno allana los despidos en Administración y empresas públicas
Un nuevo reglamento permite los ERE si baja un 10% la aportación presupuestaria en las compañías o las transferencias en comunidades y Ayuntamientos
Manuel V. Gómez
A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal. Y lo ha hecho por una doble vía: por un lado, ha reducido sus remuneraciones al suprimir la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); por otro, ha clarificado mucho los procedimientos para reducir las plantillas del sector público.
A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal
Hasta que se aprobó la reforma laboral había un debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias. La aclaración del decreto de febrero zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo "insuficiencia presupuestaria" durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).
Esta es la versión para el sector público de la caída de ingresos también durante tres trimestres que se aprobó en la misma reforma laboral para que las empresas privadas puedan promover despidos colectivos. Aunque entre un caso y otro hay una diferencia importante: es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento al que ha tenido acceso este diario.
La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública). Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).
Desde que en febrero se aprobó la reforma laboral ?en la que además se cerró al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato? ya se han podido ver ejemplos de dónde se puede dar con más asiduidad este tipo de despidos: Radio Televisión Valenciana ha anunciado el despido de 1.247 trabajadores, el 76% de la plantilla.
La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público; solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados)
Un capítulo elocuente del interés del Gobierno ?sobre todo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro? por allanar las causas del despido en comunidades autónomas, Ayuntamientos y aledaños es el papel que ha desempeñado en la redacción el departamento que dirige Montoro. El texto que recibieron los agentes sociales el pasado 27 de julio es la segunda versión.
La primera se redactó en mayo y tras el preceptivo periodo de consultas con sindicatos y patronal se envió al Consejo de Estado. El Ministerio de Empleo estaba a la espera del dictamen del órgano consultivo para poder aprobarlo definitivamente hasta que Administraciones Públicas reclamó el texto inicial para hacer cambios. Estos, según explica Empleo, son los que atañen a la definición de "insuficiencia presupuestaria".
También ha tenido su papel el departamento que dirige Montoro a la hora de otorgar un casi papel de tutelaje del proceso a la Secretaría de Estado de Administraciones o "autoridad equivalente" autonómica. En cambio, no da cabida alguna a la Inspección de Trabajo.
La parte que atañe al sector público es solo una parte del reglamento de los ERE (despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada). En las 40 páginas del decreto también se establece la documentación que tendrán que entregar los empresarios a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo para justificar la causa que aducen para poner en marcha una regulación de empleo.
CC OO y UGT remitieron ayer sus alegaciones al Ejecutivo. En ellas, los sindicatos mayoritarios reiteran las dudas que tienen sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. También denuncian la exclusión de la Inspección de Trabajo en los despidos de la Administración. En opinión de estas dos centrales, con este reglamento se confirma la vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.
