Catalunya: La Generalitat retira la pensión a una mujer que se recupera de un ictus
Un nombre ficticio
para una historia bien real. María tiene más de 70 años y cada mes
cobraba una pensión no contributiva de 104 euros. Su marido, una pensión
de 570. Con eso tenían que pagar un alquiler de 215 euros más el resto
de gastos.
Pero
aquí no termina el drama, ya que el gobierno también exige al
matrimonio que devuelva los 208 euros correspondientes a las pagas de
junio y julio. Lo que más daño hace al marido de María es que por culpa
de esto deba privar a su mujer de pequeñas ilusiones.
Según
explica su marido, María llora cada día desde que se enteró que le
quitaban su pensión. Él no quiere que su mujer se dé cuenta de las
penurias económicas que está pasando y, por ello, este hombre, operado
dos veces de cáncer, sólo hace una comida al día. Tan ahogados están que
el hombre asegura que pagar facturas de la luz, gas, teléfono o
incluso, comprar champú para su mujer acaba resultando complicado.
Desgraciadamente, el caso de María no es ni una excepción ni fruto de
un error administrativo. El gobierno catalán se ampara en una ley de
2006 aprobada por el tripartito según la cual una persona que vive en un
centro sanitario o una residencia, siempre que sean públicos, no tiene
derecho a cobrar una pensión no contributiva. Tampoco aquellos que viven
en las cárceles. ¿El argumento? Que estos centros ya les dan de comer y
cuidan de ellos.
Por ello, el consejero de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, dice
que no pueden hacer nada más y que se limitan a hacer cumplir la ley. El
consejero asegura que si no lo hicieran así, el Tribunal de Cuentas los
investigaría por derrochar dinero público.
